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C. NEVOT
Viernes, 15 de mayo 2009, 11:25
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Las cifras contrastan con las que delata el mismo estudio sobre los centros concertados donde, pese a tener matriculado al 57% del total de alumnado de los ciclos de Infantil y Primaria de Logroño, sólo tienen escolarizado al 31% de los inmigrantes. Al igual que ocurre con los centros públicos, en los concertados se da una mayor concentración de extranjeros en dos casos (47,61%): Los Boscos y Purísima Concepción.
País de origen
En lo relativo a la zona de origen del alumnado inmigrante, -el informe deja fuera al colectivo de alumnos rumanos por estar muy disperso- el procedente de Pakistán y de países del Magreb se concentra mayoritariamente en Navarrete el Mudo, Madre de Dios y San Francisco, ubicados en los distritos este y oeste de la ciudad, mientras que el de origen latinoamericano opta por centros concertados o públicos del centro, como Purísima Concepción, Madrid-Manila y Compañía de María.
Inicialmente, para la Defensora del Pueblo riojano la situación educativa actual podría reflejar «un proceso de marginalización» que derivaría en «auténticos guetos educativos». Asimismo, alerta de que, teniendo en cuenta que la mayor parte del alumnado inmigrante (66%) obtiene plaza en el centro que la familia decide según sean sus preferencias personales, puede deducirse «una sensación lejana de cualquier suerte de alarmismo social». A su juicio, se respeta en un porcentaje muy amplio el derecho de los padres a la elección de centro donde escolarizar a sus menores, como queda contemplado en la normativa vigente a la que apelan los centros concertados. Por ello, cree Díez Jalón que la legislación «ha demostrado ser no del todo suficiente para impedir la concentración del alumnado socioculturalmente desfavorecido en determinados centros».
En este sentido, el informe evidencia que la realidad exige que se adopten «nuevas respuestas» que garanticen «una distribución equilibrada» del alumnado de origen inmigrante entre los centros públicos y concertados. Concreta que se debería revisar la normativa de matriculación y recomienda que se adopten mecanismos de control y supervisión de los procesos de admisión de alumnos «de modo que puedan detectarse derivaciones improcedentes o expulsiones encubiertas».
Finalmente, el informe sugiere a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que analice «con urgencia» las medidas de apoyo existentes en los siete centros públicos que concentran el 62% del alumnado inmigrante, así como en los dos concertados que acogen el 47,61% de los extranjeros.
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