01.05.09 -
El pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer por mayoría un informe interno en el que se critican algunas de las reformas que pretende introducir el Gobierno en la nueva Ley de Extranjería. Aunque el dictamen no es vinculante, los jueces piden al Ejecutivo que refuerce las garantías procesales de los inmigrantes en situación irregular.
El informe del órgano de gobierno de los jueces establece ampliar los derechos de los menores no acompañados que tengan procesos abiertos para el retorno a sus países de origen, reclama la exigencia de audiencia al interesado en los procedimientos de expulsión, y pide excluir como 'infracción grave' aquellos actos de hospitalidad realizados con carácter solidario en apoyo de los inmigrantes, una de las novedades más polémicas para las ONG.
El Consejo sugiere asimismo una mayor reflexión en la redacción relativa al cómputo del plazo de internamiento de un extranjero, que el Gobierno quiere situar en 60 días. La razón es garantizar la necesaria proporción entre esa medida «restrictiva» y el respeto a la protección de los derechos fundamentales. Además, solicita eliminar como causa de suspensión la tramitación de los procedimientos de asilo, la solicitud de 'habeas corpus' o la enfermedad, salvo que se acredite su empleo fraudulento.
El dictamen del Consejo constata que la regulación salvaguarda las competencias de las comunidades autónomas.
