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Antonino Burgos, en la comparecencia parlamentaria de ayer. /L. R.
La oposición acusa al Irvi de «rozar la malversación» por la compra y reserva de terrenos en la 'ecociudad'
Comparecencia parlamentaria | el irvi y la ecociudad

La oposición acusa al Irvi de «rozar la malversación» por la compra y reserva de terrenos en la 'ecociudad'

PSOE y PR denuncian que Burgos favorece con 6 millones a dos promotores privados, con una opción para adquirir en el futuro 130.000 metros en El Corvo a un precio 5 veces superior

A. GIL

Sábado, 18 de abril 2009, 11:34

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El PSOE y el PR acusaron ayer al consejero de Vivienda y presidente del Irvi, Antonino Burgos, de «rozar la malversación de fondos públicos» por reservar una opción de compra sobre 130.000 metros cuadrados -hasta alcanzar un 33% de participación directa en la 'ecociudad' con las empresas LMB y Progea- pactada a 46,80 euros el metro cuadrado, cuando los primeros 20.000 metros, ya adquiridos, los pagó a 9 euros el metro. En este sentido, las firmas Progea, LMB y el Irvi firmaron el pasado 28 de enero un convenio por el que el organismo público adquiría 20.000 metros cuadrados por 180.000 euros y se reservaba una opción de compra para el Irvi de otros 130.000 metros cuadrados, en este caso a un precio de 46,80 euros el metro.

6 millones de euros

La diputada socialista Inmaculada Ortega, cuyo grupo había solicitado la comparecencia parlamentaria, le acusó de «defraudar» seis millones de euros a las arcas públicas con dicha opción: «Si hubiera comprado los 130.000 metros a 9 euros, tendría que pagar 1,35 millones, pero, al precio que ha pactado, tendrá que desembolsar 7,92 millones, es decir, que favorecerá un 'pelotazo' de 6 millones de euros para dos empresas». «Ustedes son los que tienen mayoría absoluta, o es que no es el propio Gobierno regional el que va a declarar el interés regional de la 'ecociudad' y propiciar que los terrenos valgan más», se preguntó.

Antonino Burgos se defendió alegando que el Irvi ha seguido todas las cautelas posibles en este asunto: «Hemos comprado -argumentó- una parte muy pequeña para trabajar desde ya en el desarrollo en el proyecto más ambicioso de vivienda protegida de la región y, cuando la zona tenga declaración de interés general, tenemos una opción para poder seguir comprando a unos precios con los que podremos seguir haciendo VPO».

El consejero insistió en que «si hubiésemos comprado los 150.000 metros a 9 euros hubiéramos desembolsado más de un millón de euros en un suelo que todavía no tiene consolidada la declaración de interés regional, y eso sí que hubiera sido arriesgado». En este sentido, Burgos recordó que el mismo convenio prevé que el Irvi, sin penalización alguna, recupere las cantidades aportadas por los 20.000 metros iniciales si el proyecto no sale adelante: «El Consejo de Administración de la sociedad -destacó-, consciente de la controversia política y jurídica, acordó exigir esta cláusula a LMB y Progea».

El consejero acusó a la diputada socialista de «echar mierda sin pruebas» y le emplazó a acudir a los tribunales, máxime cuando ésta le preguntó si conocía que un familiar de la titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Aránzazu Vallejo, tiene relación directa con una de las dos empresas de la 'ecociudad'. «Es una cobardía decir eso sobre una persona que no está aquí; hágalo en la cara y, si no, en los tribunales», respondió el consejero.

«Precio carísimo»

José Toledo, diputado del PR, tampoco salió convencido con las explicaciones del consejero sobre el precio pagado en la primera compra y el reservado en la opción. Toledo aseguró que «se ha comprado suelo rústico a un precio carísimo» y denunció que «se ayuda a dos empresas que por sí solas, y aún siendo muy dignas, no tienen capacidad financiera para sacar un proyecto así en solitario». En este sentido, preguntó al consejero «por qué no compró el Irvi todo el suelo y promovió la 'ecociudad' por su cuenta». «Comprar los terrenos después de calificarlos roza la malversación porque se podían haber adquirido antes como rústicos», advirtió su compañero de partido, Miguel González de Legarra.

Burgos insistió en que la participación del Irvi es «garantía del interés general, sin posibilidad alguna de pelotazo porque es imposible en un proyecto de viviendas protegidas y con unos costes tan enormes de urbanización». «Aceptamos una oferta que nos permite promover vivienda protegida, que es objetivo fundamental del Irvi, y el único interés particular que hay aquí es el de las casi 3.000 familias que tendrán acceso a una VPO, en su mayor parte de régimen general o especial».

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