La difusión por cualquier medio de infracciones educativas será un agravante de las conductas

Tal y como informó Diario LA RIOJA la semana pasada, el decreto, que entrará en vigor con su inminente publicación en el BOR, permite obligar a los alumnos que alteren la convivencia a cambiar de centro e incluso contempla la expulsión definitiva en enseñanzas no obligatorias.

La normativa establece los deberes y derechos de la comunidad educativa y en su título 1 reconoce al profesor como «autoridad pública»: «Deja de ser un maestro para convertirse en autoridad», señaló Alegre. En la práctica, este reconocimiento supondría que las agresiones, que habitualmente se saldan con una falta de lesiones y una pequeña multa, conllevaran incluso penas de prisión.

Cada centro educativo tendrá obligación de aprobar un Plan y una Comisión de Convivencia. Entre los derechos y deberes de cada parte de la comunidad educativa, destaca el hecho de que se reconoce a las familias como primeros responsables de la educación: deberán velar por la asistencia, la puntualidad, la higiene, la alimentación y la conservación del material escolar por parte de sus hijos.

Asimismo, se considerarán atenuantes y agravantes para calificar las conductas. En este sentido, entre las agravantes está la publicidad de las infracciones por cualquier medio (grabaciones y difusión vía móvil, Internet, etc.) y destaca también que los alumnos, o sus familias, se harán cargo económico de los daños intencionados o negligentes.

Dos tipos de conductas

El decreto tipifica las conductas que afectan a las normas de convivencia de «contrarias» o «gravemente perjudiciales», con medidas correctivas y sanciones específicas. Entre las primeras, se encuentran las faltas de asistencia, actos menores de indisciplina, interferir la actividad (con aparatos tecnológicos, por ejemplo)..., que se saldarán con amonestaciones directas como la privación del recreo hasta dos semanas, tareas en horario no lectivo o la suspensión de las clases hasta un máximo de diez días.

Las conductas «gravemente perjudiciales» serán actos graves de indisciplina, insultos, vejaciones, humillaciones, falsificación de documentos, deterioro repetido o grave de instalaciones e implicarán sanciones como actividades fuera del horario lectivo, cambios de grupo hasta por dos semanas, suspensión de clases entre 10 y 20 días, el comentado cambio de centro educativo, la pérdida de la evaluación continua y, en enseñanzas no obligatorias, la expulsión definitiva.

Otro aspecto importante son los expedientes sancionadores. La normativa determina una serie de circunstancias para su paralización, que se deberán cumplir en su totalidad: el beneplácito de la familia agraviada, cambio de conducta, compromiso del alumno a no repetir los hechos y un compromiso por escrito también de la familia en el mismo sentido.

El Consejo de Gobierno de La Rioja aprobó ayer el texto del convenio que suscribirá con el Ministerio de Trabajo e Inmigración (INSS) para mejorar y controlar la prestación de la incapacidad temporal laboral derivada de contingencias comunes, como enfermedad común y accidente no laboral, informó ayer el consejero portavoz, Emilio del Río.

El convenio, que renueva el suscrito del 2005 al 2008, estará vigente otros tres años. El Ministerio de Trabajo establece un fondo de 2,1 millones para el 2009 (cada año se aportará una cantidad en función del grado de cumplimiento) para financiar los programas que desarrolle la Consejería de Salud.

El programa de actividades que contempla el convenio persigue racionalizar el gasto medido para La Rioja y mejorar y modernizar la gestión y el control de la Incapacidad Temporal, para lo que se implicará a los médicos de Atención Primaria, a los que se ofrecerá una formación específica.

Subvenciones de consumo

Otro de los acuerdos adoptados ayer por el Gobierno riojano fue la autorización de un gasto de 216.523 euros para que la Consejería de Salud conceda subvenciones en materia de consumo, tanto a las asociaciones de consumidores y usuarios (141.831 euros) como a las entidades locales (74.692 euros). La inversión va destinada a mejorar los servicios de información y defensa de los consumidores en los municipios riojanos.