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RSS | ed. impresa | Regístrate | 9 febrero 2010

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La resolución de la sala, apoyada por 13 de los 17 magistrados, es más breve de lo previsible

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La persecución penal de los crímenes cometidos por el franquismo sigue abierta, pero no será en la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal de este órgano judicial dio a conocer ayer el argumentario con el que rechaza que el juez Baltasar Garzón pueda acometer esas pesquisas, porque la rebelión militar que desencadenó la Guerra Civil no es competencia de este tribunal y porque sus promotores y cómplices han muerto.
La resolución de la sala, apoyada por 13 de los 17 magistrados, es más breve de lo previsible. En apenas doce folios, la mayoría para recoger cuestiones de trámite, el tribunal explica que aquellos delitos contra altos organismos de la nación de los que habló el instructor son una rebelión militar que queda fuera de su campo de actuación.
Ello «no implica la nulidad de todo lo actuado», y salva todas las decisiones adoptadas respecto de las fosas comunes, incluida su apertura, siempre «sin perjuicio de la competencia que pudiera corresponder a otros órganos judiciales», lo que deja abierta la posibilidad de que los juzgados ordinarios continúen con la exhumación de cadáveres.
La resolución no prejuzga «el carácter delictivo o no de los hechos denunciados, ni las materias relativas a la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía o si lo hechos sobre los que se pretende investigar están acreditados o no», y lanza un guiño a las asociaciones de la memoria histórica al reconocer el legítimo derecho de las víctimas de la Guerra Civil -«todas»- y de la dictadura de Franco de recuperar los restos de sus seres queridos, como reconoce la Ley de la Memoria Histórica.
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