El alcalde de Lagunilla del Jubera, el independiente Pedro Fernández, y tres de sus ediles en la corporación constituida en 1999, se enfrentan hoy a una pena de tres años de cárcel y 11 de inhabilitación para ocupar cargo público por un presunto delito de prevaricación y otro de falsedad documental. El fiscal también pide para cada uno una multa de 10.800 euros.
El caso comenzó tras la denuncia de un constructor, que reclamaba el pago de unas obras de mejora de unos caminos. La reclamación desembocó, tres años después, en una sentencia favorable al empresario, que debía ser pagado por el total de los arreglos, algo más de 30.000 euros.
Sin embargo, según la Fiscalía, tanto alcalde como ediles «a sabiendas de la ilegalidad» del hecho, levantaron contra el constructor dos actas de infracción, que superaban los 260.000 euros. Después, en el 2003, aprobaron una compensación para no recibir estas cantidades a cambio de no pagar los 30.000 euros que seguían adeudando al empresario.
