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Compañeras de la militar asesinada por su pareja el pasado miércoles en Cádiar (Granada) trasladan su cadáver. / EFE
Interior afina los criterios de protección de las mujeres maltratadas en peligro
ESPAÑA

Interior afina los criterios de protección de las mujeres maltratadas en peligro

El Ministerio incorpora un nuevo nivel de 'riesgo extremo', que incluye el «control intensivo» de los movimientos del agresor

A. PRÁDANOS

Lunes, 6 de octubre 2008, 02:16

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La protección de muchas mujeres maltratadas depende en buena medida de la valoración inicial del riesgo que corren. De lo bien o mal que analicen su situación de pareja o la creada tras una ruptura la policía, los jueces, los médicos, psicólogos y asistentes sociales que atienden sus lesiones físicas y psíquicas. La ley integral contra la violencia de género implica a todos estos colectivos en la lucha contra el maltrato machista y en la salvaguarda de sus víctimas, y todos deben conocer los detalles de esa relación traumática, antecedentes del agresor, circunstancias familiares, situación sociolaboral, denuncias, órdenes de alejamiento, posibles quebrantamientos, reanudación de la convivencia... En lo que a la policía atañe, el Ministerio del Interior ha emitido una nueva instrucción que afina los criterios para una evaluación más precisa del peligro al que se enfrentan las víctimas.

La orden, firmada el 18 de julio por la Secretaría de Estado de Seguridad, incorpora a los protocolos de actuación policial vigentes una nueva gradación del nivel de riesgo, el 'riesgo extremo'. Incluye «vigilancia permanente de la víctima» y «control intensivo» de los movimientos del agresor «hasta que deje de ser una amenaza inminente». Si así se estimara, para los casos de peligro extremo se prevé «vigilancia de entrada/salida en los centros escolares de los hijos».

Para el resto de los niveles de riesgo se fijan medidas que van desde la vigilancia frecuente y aleatoria del domicilio de la víctima, junto al control esporádico de las idas y venidas del maltratador en los casos de riesgo alto, a los teléfonos de contacto, la vigilancia ocasional o la comprobación de que el agresor cumple las medidas cautelares impuestas por el juez, en supuestos de riesgo medio o bajo.

Revisión constante

Cada uno de estos niveles está sometido a revisión constante, más frecuente cuanto mayor es el peligro; cada 72 horas en los casos 'extremos', siete días en el nivel alto, un mes en el 'medio' y cada dos meses si el riesgo potencial para la víctima es 'bajo'.

Hasta ahí las instrucciones policiales. Luego llega la realidad para demostrar lo difícil que es garantizar una protección efectiva a las mujeres que han denunciado maltrato y lo rápido que se puede precipitar el drama. El asesinato, el pasado fin de semana, de dos mujeres en Nerja (Málaga) y Valencia a manos de sus ex parejas volvió a poner de manifiesto las carencias que persisten. La joven argentina empleada en una cafetería de Nerja había denunciado y obtenido una orden de alejamiento contra el ex novio que la acechaba. No fue suficiente. El agresor, de origen marroquí, la apuñaló de muerte a las puertas del establecimiento.

Su caso fue como el de otras de las más de 50 víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año en España. En 2007, en casi el 20% de los 75 asesinatos de mujeres por sus parejas o ex parejas había órdenes de protección u órdenes de alejamiento vigentes en el momento de la muerte.

La Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer recuerda en la Memoria 2007 de la Fiscalía General del Estado, presentada esta semana, que las órdenes de protección a la víctima, e incluso las medidas adoptadas con condena firme del agresor, a menudo resultan «insuficientes» y, en esas circunstancias, «el seguimiento de la víctima y el agresor cobra relieve».

Ahí, de nuevo, la realidad se impone. Según los sindicatos policiales, hay entre 600 y un millar de policías para gestionar las 36.000 órdenes de alejamiento vigentes dictadas por los jueces contra maltratadores. En el mejor de los casos, a cada agente le corresponde 'controlar' unos 30 casos de media; en el peor, 60. Para el Ministerio del Interior, la proporción de efectivos dedicados específicamente a la lucha contra la violencia de género es un «indicador incompleto» y, además, el número varía «para adaptarse a cada momento», añade en una reciente respuesta parlamentaria.

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