
Para Corredor se acerca el fin de la expansión «insostenible» que el ladrillo ha registrado durante los últimos años. Las aguas parece que vuelven a su cauce aunque, como insinuó la ministra, dejarán algunos damnificados: «el sector crecerá menos pero crecerá mejor».
Para acompasar este nuevo escenario con las necesidades de los ciudadanos, Vivienda prepara un nuevo Plan 2009-2012 que estará guiado por la colaboración entre administraciones, la flexibilidad a las necesidades de ayuntamientos y autonomías y la corresponsabilidad de los todos los actores del mercado.
Plan cuatrienal
Ese plan, afirmó la ministra, contará con todos los recursos que sean necesarios y se diseñará, por primera vez, con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ya intervino esta semana en la Conferencia Sectorial de Vivienda. «El Estado va a plantear las líneas generales y, después, las administraciones locales y regionales podrán delimitar a dónde más quieren llegar», dijo Corredor. Dos serán las grandes líneas básicas de actuación del nuevo programa: el alquiler, al que se dedicarán el 40% de los recursos, y la rehabilitación.
Beatriz Corredor aseguró que la rehabilitación servirá para resolver los problemas de empleo que atraviesa el sector residencial al «ser muy intensivo en mano de obra». A su juicio, la remodelación de los centros de las ciudades (más de la mitad de las casas de España tienen más de 30 años) podrá dar empleo a un buen número de industrias auxiliares como, por ejemplo, -dijo- las empresas dedicadas a «la instalación de ventanas o puertas».
Contra la corrupción
El Gobierno prepara para antes de final de año una ampliación de un antiguo plan del Ministerio de Industria (dotado en principio con cerca de 800 millones de euros) que pretende dar un impulso a la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de los cascos históricos. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el texto refundido de la Ley del Suelo para reagrupar una serie de normas vigentes y dispersas bajo un mismo cuerpo jurídico. Corredor y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltaron que la ley es un instrumento esencial en la lucha contra la corrupción urbanística.
Fernández de la Vega recordó que el Ejecutivo siente «repugnancia» ante la corrupción, contra la que actuará -afirmó- de forma implacable.





