La construcción exige un acuerdo contra la crisis a Gobierno y Ayuntamiento logroñés

La Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) considera de que la promesa del presidente de La Rioja, Pedro Sanz, de calificar como VPO de precio concertado o pactado la vivienda libre que lleve un año sin venderse «es una promesa vacía de contenido». En un comunicado, la patronal reclama una reunión conjunta del presidente del Gobierno, Pedro Sanz, y del alcalde de Logroño, Tomás Santos, con los agentes sociales para agilizar el desarrollo de los sectores de vivienda y potenciar la obra pública que evite la caída del sector.

Sanz anunció el miércoles, tras reunirse con representantes de la patronal y los sindicatos de la construcción, que el 13 de junio se aprobará un decreto por el que las viviendas libres que no se vendan puedan pasar a ser protegidas «también de precio pactado» y prometió incluir tal medida en el Plan de Vivienda de La Rioja. Ayer, una vez concluida su ronda de conversaciones con las principales administraciones riojanas tras reunirse con el alcalde de Logroño, Tomás Santos, los constructores criticaron el anuncio del presidente. «Si fuera real lo que promete», alertaron, «sería necesario que Sanz explicara cuáles son los fondos presupuestarios que va a dedicar para poner en marcha esta iniciativa de conversión de las viviendas libres en VPO, tal y como ya han planteado otras comunidades como Cataluña».

En su comunicado, la CPAR invita a los riojanos «a no dejarse engañar por promesas vacías ni tampoco por el falso espejismo de que las viviendas libres puedan adquirirse al precio de VPO, porque simplemente no puede ser verdad». Argumenta la patronal que es el promotor privado el que tendría que decidir si se acoge a esta medida y asegurar que «en La Rioja esto no va a pasar, porque ningún promotor va a vender las viviendas por debajo del coste empresarial». Y añade: «Los ciudadanos y compradores deben ser conscientes de que las viviendas de VPO concertadas y pactadas no tienen ninguna ayuda pública y están sometidas a la congelación del precio de venta durante 30 años».