ESPAÑA
El Gobierno cumple dos meses sin haber aprobado iniciativas políticas de calado
María Teresa Fernández de la Vega admite que el proyecto de ley de libertad religiosa no tiene por qué aprobarse este año
Rodríguez Zapatero con John Edwards, en La Moncloa. / SUSANA VERA-REUTERS
José Luis Rodríguez Zapatero está a punto de cumplir los dos primeros meses de su segundo mandato y aún apenas se le conoce obra. El presidente del Gobierno arrancó la legislatura con la advertencia de que en estos cuatro años su gabinete se dedicaría más a la gestión que a la actividad legislativa, pero lo cierto es que en el tiempo transcurrido desde que el pasado 11 de abril fue investido presidente tampoco ha dado pasos relevantes para hacerse con una iniciativa política que, en principio, y dada la situación interna del PP, tendría ganada de antemano.
Al margen de las promesas de carácter económico, como la rebaja de los 400 euros en la retención del IRPF, los compromisos electorales a los que él mismo citó como perentorios siguen sin materializarse. Ni recibió a los agentes sociales nada más llegar a La Moncloa ni ha convocado «con urgencia» la Conferencia de Presidentes para elaborar un plan de choque contra la violencia de género. Y al Congreso sólo han llegado cuatro proyectos de ley.
Todos de rango menor.
La sensación de inactividad se ha instalado ya incluso en la sede del PSOE, donde excusan la falta de dinamismo con el argumento de que su labor es contrarrestar la labor de la oposición y acompañar la acción del Ejecutivo. Ahora, dicen, no parece haber mucho ni de lo uno ni de lo otro. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ocultó hoy su enfado por semejante interpretación y, al término de un Consejo de Ministros sin grandes acuerdos de calado, defendió que el gabinete Zapatero «no ha dejado de trabajar ni un minuto» desde que se constituyeron las Cortes Generales. Como prueba, esgrimió el hecho de que la cámara baja ya tenga en sus manos cuatro iniciativas salidas de Moncloa cuando en 2004, a estas alturas, sólo había una.
Cuantificación numérica aparte, los proyectos remitidos al Parlamento son de trascendencia política limitada. Se trata de la obligada ratificación del Tratado de Lisboa, la trasposición de una directiva europea para permitir recaudar en España multas puestas en otros países socios y de reformas estructurales de las sociedades mercantiles.
La de hace cuatro años tampoco tenía más relevancia, pero el ritmo frenético y el marcado acento rupturista que Rodríguez Zapatero imprimió al arranque de su primera legislatura nunca permitió que entre la clase política se generara el debate de si el Gobierno estaba o no activo. Un día después de jurar el cargo retiró las tropas de Irak, enseguida se puso a trabajar en la ley contra la violencia de género, anunció su apuesta por la recuperación de la memoria histórica, se mojó con el matrimonio homosexual, paralizó la ley de educación del PP y derogó el trasvase del Ebro. En esta aprobó el 'minitrasvase' que ayer mismo fue anulado.
Prioridad, la economía
El Partido Popular ha decidido agarrarse a la aparente desidia del Ejecutivo para dar un empujón a su acción opositora. El secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José Luis Ayllón, anunció ayer que sobre esta cuestión versará la pregunta de su jefa de filas, Soraya Sáez de Santamaría, a la vicepresidenta primera. «Parece que el Gobierno sigue en funciones, desatendiendo los problemas de los españoles y tumbado a la bartola», recriminó.
En el Gobierno replican que ahora la prioridad es la economía e insisten en que, además del paquete de medidas que incluye 2.000 millones de euros de línea de créditos ICO para pequeña y mediana empresa, otros 2.000 para la adquisición de vivienda protegida, un plan de formación e inserción laboral para parados de la construcción y la aceleración de la obra pública, Rodríguez Zapatero anunciará nuevas medidas a final de mes.
Fernández de la Vega también se apresuró a poner fecha al pospuesto encuentro del jefe del Ejecutivo con sindicatos y patronal: será en «diez o doce días». «Compromiso cumplido», dijo sin tener en cuenta que su jefe habló de celebrar una reunión el día después de ser elegido presidente. La Conferencia de Presidentes, que tendría que haber sido convocada en la primera semana del nuevo gobierno socialista, quedará para septiembre porque, según dijo, lleva tiempo prepararla. «Hemos tomado medidas sin descanso y estamos trabajando con normalidad institucional», reiteró en su empeño de negar el bajo perfil de la acción gubernamental.
Debate interno
El debate ha llegado a las propias reuniones de la ejecutiva socialista. Algunos defienden que se está desaprovechando un tiempo precioso para afianzar las políticas socialistas y sacar ventaja al PP. Otros, entre ellos el propio Rodríguez Zapatero, defienden que después de una primera legislatura agitada los ciudadanos reclaman tranquilidad y sosiego. «A todos nos viene bien descansar», alega uno de los hombres más fieles del presidente.
El resultado es que hasta las iniciativas que Fernández de la Vega expuso como prioridades legislativas en su primera comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso han dejado de ser proyectos de primera línea. Aún no hay nada del informe «urgente» que se iba a solicitar al Consejo de Estado sobre la reforma de la ley electoral, ni de la reforma de la ley de libertad religiosa. Poco después de que anunciara su puesta en marcha, en su entorno ya matizaban que se trataba de una iniciativa «importante, pero no prioritaria». Y ayer, la propia vicepresidenta apuntó que nunca habló de un plazo, y admitió que ni siquiera tiene por qué ser este año.
Al margen de las promesas de carácter económico, como la rebaja de los 400 euros en la retención del IRPF, los compromisos electorales a los que él mismo citó como perentorios siguen sin materializarse. Ni recibió a los agentes sociales nada más llegar a La Moncloa ni ha convocado «con urgencia» la Conferencia de Presidentes para elaborar un plan de choque contra la violencia de género. Y al Congreso sólo han llegado cuatro proyectos de ley.
Todos de rango menor.
La sensación de inactividad se ha instalado ya incluso en la sede del PSOE, donde excusan la falta de dinamismo con el argumento de que su labor es contrarrestar la labor de la oposición y acompañar la acción del Ejecutivo. Ahora, dicen, no parece haber mucho ni de lo uno ni de lo otro. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ocultó hoy su enfado por semejante interpretación y, al término de un Consejo de Ministros sin grandes acuerdos de calado, defendió que el gabinete Zapatero «no ha dejado de trabajar ni un minuto» desde que se constituyeron las Cortes Generales. Como prueba, esgrimió el hecho de que la cámara baja ya tenga en sus manos cuatro iniciativas salidas de Moncloa cuando en 2004, a estas alturas, sólo había una.
Cuantificación numérica aparte, los proyectos remitidos al Parlamento son de trascendencia política limitada. Se trata de la obligada ratificación del Tratado de Lisboa, la trasposición de una directiva europea para permitir recaudar en España multas puestas en otros países socios y de reformas estructurales de las sociedades mercantiles.
La de hace cuatro años tampoco tenía más relevancia, pero el ritmo frenético y el marcado acento rupturista que Rodríguez Zapatero imprimió al arranque de su primera legislatura nunca permitió que entre la clase política se generara el debate de si el Gobierno estaba o no activo. Un día después de jurar el cargo retiró las tropas de Irak, enseguida se puso a trabajar en la ley contra la violencia de género, anunció su apuesta por la recuperación de la memoria histórica, se mojó con el matrimonio homosexual, paralizó la ley de educación del PP y derogó el trasvase del Ebro. En esta aprobó el 'minitrasvase' que ayer mismo fue anulado.
Prioridad, la economía
El Partido Popular ha decidido agarrarse a la aparente desidia del Ejecutivo para dar un empujón a su acción opositora. El secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, José Luis Ayllón, anunció ayer que sobre esta cuestión versará la pregunta de su jefa de filas, Soraya Sáez de Santamaría, a la vicepresidenta primera. «Parece que el Gobierno sigue en funciones, desatendiendo los problemas de los españoles y tumbado a la bartola», recriminó.
En el Gobierno replican que ahora la prioridad es la economía e insisten en que, además del paquete de medidas que incluye 2.000 millones de euros de línea de créditos ICO para pequeña y mediana empresa, otros 2.000 para la adquisición de vivienda protegida, un plan de formación e inserción laboral para parados de la construcción y la aceleración de la obra pública, Rodríguez Zapatero anunciará nuevas medidas a final de mes.
Fernández de la Vega también se apresuró a poner fecha al pospuesto encuentro del jefe del Ejecutivo con sindicatos y patronal: será en «diez o doce días». «Compromiso cumplido», dijo sin tener en cuenta que su jefe habló de celebrar una reunión el día después de ser elegido presidente. La Conferencia de Presidentes, que tendría que haber sido convocada en la primera semana del nuevo gobierno socialista, quedará para septiembre porque, según dijo, lleva tiempo prepararla. «Hemos tomado medidas sin descanso y estamos trabajando con normalidad institucional», reiteró en su empeño de negar el bajo perfil de la acción gubernamental.
Debate interno
El debate ha llegado a las propias reuniones de la ejecutiva socialista. Algunos defienden que se está desaprovechando un tiempo precioso para afianzar las políticas socialistas y sacar ventaja al PP. Otros, entre ellos el propio Rodríguez Zapatero, defienden que después de una primera legislatura agitada los ciudadanos reclaman tranquilidad y sosiego. «A todos nos viene bien descansar», alega uno de los hombres más fieles del presidente.
El resultado es que hasta las iniciativas que Fernández de la Vega expuso como prioridades legislativas en su primera comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso han dejado de ser proyectos de primera línea. Aún no hay nada del informe «urgente» que se iba a solicitar al Consejo de Estado sobre la reforma de la ley electoral, ni de la reforma de la ley de libertad religiosa. Poco después de que anunciara su puesta en marcha, en su entorno ya matizaban que se trataba de una iniciativa «importante, pero no prioritaria». Y ayer, la propia vicepresidenta apuntó que nunca habló de un plazo, y admitió que ni siquiera tiene por qué ser este año.
