La Audiencia Provincial de Logroño juzgará el próximo 25 de junio a tres personas acusadas de sendos delitos de prostitución y contra el derecho de los trabajadores, por los que el Ministerio Fiscal solicita doce años y medio de prisión.
Además, el fiscal también pide diversas multas para cada uno de los acusados, a razón de 6.880 euros, 4.140 euros y 7.500 euros.
La principal petición de pena de este juicio está dirigida contra el ciudadano rumano D.P. que ahora tiene 39 años, que se enfrenta a seis años de prisión.
Según relata el escrito de acusación, D.P. viajó a su país en febrero de 2006 para buscar chicas para un club situado en la localidad de Rincón de Soto, propiedad del ciudadano español A.C.C., de 72 años, y que éste explotaba junto al primero y a otro ciudadano español, F.P.E., de 53 años.
El propietario del club ya había sido condenado en Burgos con anterioridad a un año de cárcel y tres meses de multa por otro delito contra los trabajadores.
En su país natal, D.P. contactó con dos mujeres a las que ofreció un trabajo como "alternadoras" y con otra compatriota a la que prometió un empleo como cocinera en el mismo local.
D.P. pagó el importe del billete de autobús desde Rumanía a las tres, además de a la hija de la mujer a la que había prometido el puesto de cocinera, que por entonces tenía 17 años de edad, a cambio de que le devolviesen el importe de los mismos con el fruto de su trabajo.
Nada más llegar a España, D.P. les retiró el pasaporte a todas ellas, incluida a la menor, a la que no le había ofrecido ningún empleo.
A las tres semanas de entrar a trabajar en el club. D.P. le dijo a la cocinera que no servía para este trabajo y que debía dedicarse a la prostitución para pagar la deuda contraída por ella y por su hija.
Ante la negativa inicial, D.P. le exigió la entrega inmediata del importe de la deuda o que dedicase a su hija a la prostitución para afrontar el pago.
También la amenazó con que si no dedicaba a la menor a este fin la mataría o haría que sus familiares en Rumanía sufrieran daños.
Ante estas amenazas, la menor comenzó a ejercer la prostitución a lo largo de dos semanas, hasta que el 6 de abril de ese año una intervención policial en el club acabó con la detención de los tres acusados.
Todos ellos sabían que la joven era menor de edad y ninguno abonó a ninguna de las cuatro mujeres cantidad alguna por su trabajo.
Además de las multas solicitadas por los delitos, el Ministerio Fiscal reclama contra los tres acusados una indemnización solidaria para la menor de 20.000 euros, y diversas otras indemnizaciones para las otras tres mujeres a fijar durante el juicio.
También reclama la clausura temporal del club durante tres años.