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ESPAÑA

El fiscal imputa a cinco altos mandos militares en el 'caso del Yak-42'

Exonera al ex ministro de Defensa Federico Trillo de toda responsabilidad en el accidente aéreo en Turquía

C. CALVAR

Martes, 20 de mayo 2008, 11:14

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional responsabilizó ayer del siniestro del 'Yak-42', en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán, a cinco mandos militares que desempeñaban altas responsabilidades en mayo del 2003, a las órdenes del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. El fiscal del caso, Fernando Burgos, les acusó de «imprudencia grave» porque considera que incumplieron su obligación de inspeccionar los aviones alquilados para trasladar tropas pese a que conocían las quejas formuladas por algunos mandos sobre las «lamentables» condiciones de seguridad.

El fiscal culpa del desastre al ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno Barberá, máximo jefe de las Fuerzas Armadas y responsable del desarrollo de las operaciones internacionales; al ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), Juan Luis Ibarreta, y a tres subordinados suyos, que habían constituido un «grupo de control» para supervisar los vuelos contratados para transportar soldados, pero que «jamás» inspeccionó un solo avión: el contralmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, el coronel Joaquín Yáñez-González, y el comandante Alfonso Lorenzo Taboada. El responsable de la acusación pública, que no incluye a Federico Trillo en su lista de acusados, denuncia que la «omisión de la diligencia debida» por estos militares «incrementó el riesgo de producción del daño, hasta el punto de poder afirmar que el resultado se habría evitado si aquella no hubiera existido». Esa «absoluta falta de diligencia» fue a su entender decisiva para el fatal destino que corrieron los pasajeros de aquel vuelo, que se estrelló en Turquía el 26 de mayo del 2003. Fernando Burgos limita su acusación a la muerte de los 62 españoles, y obvia que en el desastre fallecieron también los doce tripulantes ucranianos del aparato.

Riesgos conocidos

En sus conclusiones, el fiscal insiste en que hay «datos objetivos» que acreditan el «alto riesgo» que suponía para las tropas españolas volar en aviones alquilados a países de la antigua URSS. Riesgos que, subraya, «eran conocidos por los responsables militares del Ministerio de Defensa», que «si hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales», aquel «vuelo nunca se hubiera llevado a cabo, y en consecuencia el siniestro no se hubiera producido».

Burgos, que hace cuatro años mostró escaso interés por este caso, alude en su escrito a varias quejas formuladas por oficiales de los tres ejércitos y a dos informes del Mando Aéreo de Levante y del Centro de Inteligencia del Ejército de Tierra (Ciset), que inciden en la «absoluta» inaptitud de estos vuelos para trasladar personal. El escrito denuncia la «incontrolada» cadena de subcontrataciones que culminó en el alquiler de un avión averiado, proceso en el que además del Estado Mayor Conjunto y Namsa (la agencia de la OTAN que ejerce de intermediaria entre los gobiernos y las compañías aéreas) intervinieron cuatro empresas.

En esa sucesión de subcontratas -o «cadena de confianza», como la llamó Federico Trillo tras el accidente- se esfumó casi el 75% de los 149.000 euros que pagó Defensa por la operación.

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