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En un pleno anodino, trufado de cuestiones menores e inusualmente breve, la futura reforma del Estatuto y la posibilidad de incluir en él algún mecanismo que prevenga las desigualdades fiscales ganó el principal interés del Parlamento riojano. La pregunta formulada por el regionalista Miguel González de Legarra, al hilo de una cuestión esbozada ya por Pedro Sanz tras conocer el último dictamen de la abogada general del Tribunal de Luxemburgo, dio pie al presidente riojano para fijar esta posición. O más bien, para llamar a la discreción y no dar pistas sobre una «solución» que, por otra parte, debe formularse en el seno de la ponencia creada para avanzar en el texto riojano.

El mandatario regional adhirió a este mensaje otros dos: ni el informe previo a la sentencia sobre el último litigio sobre las 'vacaciones fiscales' es definitivo - «la batalla legal no está perdida», subrayó- ni, desde su punto de vista, se muestra rotundamente contrario a los intereses riojanos dado que no entra en el fondo de la cuestión y el límite de la capacidad normativa vasca. Partiendo de ahí, Sanz hizo hincapié en que «aún quedan muchos medios y herramientas para luchar contra la desigualdad fiscal». Entre ellos, el Estatuto al que se recurrirá «si los demás abandonan a La Rioja».

El pasado de Solbes

Sanz aprovechó su intervención para censurar (de nuevo) la postura del Gobierno de España y su alineamiento con las tesis vascas. «El Ejecutivo central está obligado a aplicar el principio constitucional de igualdad interterritorial», dijo para opinar que el Gobierno de Zapatero «no ha estado fino» y mostrar su escasa confianza en que cambie de estrategia. «En su etapa como ministro de Economía con Felipe González ya afirmó que no creía necesario compensar a La Rioja por las 'vacaciones fiscales'» recordó.

Legarra, por su parte, coincidió con Sanz en que se trata de un punto «trascendental» para el futuro de La Rioja y que el Estado debe guardar la «debida equidistancia» entre los intereses de todas las comunidades. Recordó, en todo caso, que la posición que mantiene ahora el PSOE también la sostuvo el PP cuando estaba en La Moncloa, y ofreció su respaldo «a ultranza» a la actuación en legal en pro de los intereses económicos riojanos. De un tiempo largo a esta parte, sólo las preguntas y proposiciones relacionadas de un modo y otro con la sanidad logran encender al hemiciclo. Ayer sucedió por partida doble. Primero, con la solicitud formulada desde las bancas socialistas de iniciar la construcción de un nuevo centro de salud en el Casco Antiguo de Logroño. «Lo llevamos solicitando desde el 2003 porque el actual, en Rodríguez Paterna, está obsoleto», justificó Pablo Rubio. Desde el PP, Alberto Olarte, calificó de «teatral» la petición dado que el Gobierno riojano anunció ya el año pasado su intención de acometer una actuación a la que sólo falta un detalle: la cesión de los terrenos precisos por parte del consistorio logroñés. «Cuando el Ayuntamiento cumpla como todos, se hará», concluyó.

El segundo capítulo se situó en Alfaro y llegó a través de la petición socialista de aumentar el número de pediatras y ginecólogos en el centro de salud de aquella ciudad. Una propuesta que tuvo la abstención del PR y el voto en contra del PP «porque la oferta pública de empleo ya prevé un nuevo pediatra y ya se trabaja para aumentar las consultas ginecológicas».

El consejero del ramo, José Ignacio Nieto, remató el debate acusando al PSOE de «alarmar» a la ciudadanía con problemas inexistentes y utilizar la sanidad con fines políticos. Para apoyar su argumento, recordó que, como recogen incluso medios nacionales, La Rioja es una de las regiones con menores tiempos de espera en materia sanitaria. «Aunque les duela -aseguró mirando a las bancas de la oposición- van incluso a seguir mejorando».