SUCESOS
El autor del crimen de Galilea sigue sin ser detenido un año después de la tragedia
La Guardia Civil mantiene la investigación abierta en espera de una clave que conduzca al asesino
Los empleados de la funeraria sacan el cadáver de la vivienda de Galilea. / JUSTO RODRÍGUEZ
CRONOLOGÍA
Ha pasado un año y el crimen de Galilea sigue envuelto por completo en el misterio. El caso está bajo secreto sumarial en el Juzgado número 2 de Calahorra, aunque fuentes conocedoras de las diligencias han asegurado a este periódico que todavía no se ha detenido a ningún acusado. «La investigación sigue abierta», se limita a informar la Guardia Civil.
El cadáver de Antonia G.S., de 38 años, apareció encima de un charco de sangre en su casa del número 9 de la calle Enrique Malo, de Galilea, el martes 29 de mayo del 2007 con signos de haber sufrido una violenta agresión con arma blanca. Pero la mujer pudo haber muerto dos o tres días antes.
La última vez que alguien vio a Antonia con vida fue el viernes 25, en un bar de la localidad a donde acudió tan solo para cargar su móvil, pues, al parecer, hacía varios días que le habían cortado la luz en casa.
Antonia vivía de alquiler en un chalé adosado a las afueras del pueblo desde hacía seis meses. Se había trasladado desde León hasta la localidad riojana acompañando a su pareja, que había encontrado trabajo como pastor a las órdenes de un ganadero de Galilea. La mujer vivió junto a su compañero sentimental hasta febrero, cuando el ganadero rompió la relación laboral con S.A.P. cansado de los continuos conflictos personales que surgían. El hombre regresó a León, pero Antonia se quedó en el pueblo.
La mujer no tenía trabajo, ni tampoco mucha relación con los vecinos de la localidad. Un pequeño perro se convirtió en su única compañía.
Fueron precisamente los ladridos incesantes del perro los que el lunes día 28 comenzaron a poner en alerta a algunos habitantes de Galilea; otros ya se habían extrañado por la ausencia de Antonia en misa. Llamaron a su casa, pero nadie contestó. El rumor de que algo le podía haber pasado se extendió rápido por el pueblo.
La Guardia Civil consiguió una autorización judicial para entrar por la fuerza en la vivienda, y cuando lo hizo, el martes 29, se encontró con la escena del crimen.
Una mujer acuchillada. Una pareja sentimental con carácter conflictivo. Una relación aparentemente rota. Todo el mundo pensó que Antonia se había convertido en un número más dentro de la interminable lista de mujeres muertas por violencia de género. También lo creyó la Guardia Civil, que comenzó a buscar a S.A.P como sospechoso del crimen, pero el hombre pronto acudió voluntariamente a un cuartel de la Benemérita en León ante cuyos agentes declaró que era inocente, que no estuvo en La Rioja durante el fin de semana, y prometió colaborar en el esclarecimiento del caso. La coartada de S.A.P. debió ser intachable, pues inmediatamente se le puso en libertad.
Las investigaciones tomaron nuevos rumbos: se revisó el material hallado en la escena del crimen en busca de indicios inculpatorios, y durante los días siguientes varios agentes preguntaron a los vecinos de Galilea si habían visto últimamente a alguien que caminase ayudado por una muleta. El pueblo vivía en un ambiente de incredulidad, no exento de cierto miedo, en el que todo el mundo podía convertirse de la noche a la mañana en sospechoso.
Pero el tiempo pasaba y nadie era detenido. Dos meses después de la tragedia, la Policía arrestó en Logroño a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de agresión sexual cometido sobre una joven ecuatoriana. El acusado, que además tenía un antecedente por violación y otro por un delito contra el patrimonio, era el propietario de la vivienda en la que vivió y murió Antonia. El caso daba un nuevo giro, parecía que el definitivo, pero tampoco el casero de Antonia fue finalmente inculpado por el crimen.
Desde entonces, nada. La investigación sigue abierta, aunque aparentemente ha entrado en vía muerta. Los agentes, no obstante, trabajan a la espera de que aparezca la clave definitiva que conduzca a la detención del culpable.
El cadáver de Antonia G.S., de 38 años, apareció encima de un charco de sangre en su casa del número 9 de la calle Enrique Malo, de Galilea, el martes 29 de mayo del 2007 con signos de haber sufrido una violenta agresión con arma blanca. Pero la mujer pudo haber muerto dos o tres días antes.
La última vez que alguien vio a Antonia con vida fue el viernes 25, en un bar de la localidad a donde acudió tan solo para cargar su móvil, pues, al parecer, hacía varios días que le habían cortado la luz en casa.
Antonia vivía de alquiler en un chalé adosado a las afueras del pueblo desde hacía seis meses. Se había trasladado desde León hasta la localidad riojana acompañando a su pareja, que había encontrado trabajo como pastor a las órdenes de un ganadero de Galilea. La mujer vivió junto a su compañero sentimental hasta febrero, cuando el ganadero rompió la relación laboral con S.A.P. cansado de los continuos conflictos personales que surgían. El hombre regresó a León, pero Antonia se quedó en el pueblo.
La mujer no tenía trabajo, ni tampoco mucha relación con los vecinos de la localidad. Un pequeño perro se convirtió en su única compañía.
Fueron precisamente los ladridos incesantes del perro los que el lunes día 28 comenzaron a poner en alerta a algunos habitantes de Galilea; otros ya se habían extrañado por la ausencia de Antonia en misa. Llamaron a su casa, pero nadie contestó. El rumor de que algo le podía haber pasado se extendió rápido por el pueblo.
La Guardia Civil consiguió una autorización judicial para entrar por la fuerza en la vivienda, y cuando lo hizo, el martes 29, se encontró con la escena del crimen.
Una mujer acuchillada. Una pareja sentimental con carácter conflictivo. Una relación aparentemente rota. Todo el mundo pensó que Antonia se había convertido en un número más dentro de la interminable lista de mujeres muertas por violencia de género. También lo creyó la Guardia Civil, que comenzó a buscar a S.A.P como sospechoso del crimen, pero el hombre pronto acudió voluntariamente a un cuartel de la Benemérita en León ante cuyos agentes declaró que era inocente, que no estuvo en La Rioja durante el fin de semana, y prometió colaborar en el esclarecimiento del caso. La coartada de S.A.P. debió ser intachable, pues inmediatamente se le puso en libertad.
Las investigaciones tomaron nuevos rumbos: se revisó el material hallado en la escena del crimen en busca de indicios inculpatorios, y durante los días siguientes varios agentes preguntaron a los vecinos de Galilea si habían visto últimamente a alguien que caminase ayudado por una muleta. El pueblo vivía en un ambiente de incredulidad, no exento de cierto miedo, en el que todo el mundo podía convertirse de la noche a la mañana en sospechoso.
Pero el tiempo pasaba y nadie era detenido. Dos meses después de la tragedia, la Policía arrestó en Logroño a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito de agresión sexual cometido sobre una joven ecuatoriana. El acusado, que además tenía un antecedente por violación y otro por un delito contra el patrimonio, era el propietario de la vivienda en la que vivió y murió Antonia. El caso daba un nuevo giro, parecía que el definitivo, pero tampoco el casero de Antonia fue finalmente inculpado por el crimen.
Desde entonces, nada. La investigación sigue abierta, aunque aparentemente ha entrado en vía muerta. Los agentes, no obstante, trabajan a la espera de que aparezca la clave definitiva que conduzca a la detención del culpable.
