TELÓN DE FONDO
Se refería a las declaraciones realizadas el pasado martes por la concejala del PP, quien acusó a Varea de firmar la normativa que eliminó la distancia mínima entre bares para beneficiar a su familia. Y más concretamente, a un hermano suyo, cuyo local del número 12 de la calle Huesca ('Varea Motos') «está a la venta con licencia de bar, lo que evidentemente ha hecho subir su precio, y a esto se le llama especulación», fueron entonces las palabras de San Martín. En aquella intervención, la edil popular también censuró «que se legisle a la carta y que se beneficie quien legisla».
Ante estas recriminaciones, Ángel Varea advirtió ayer de que, «si Mar San Martín dice que realmente he cometido esos delitos (que entiende que son de prevaricación y trato de favor), nos tendremos que ver en los tribunales». Es más, «si me condenan, me tendré que marchar, pero si no me condenan y ella no se ratifica en los delitos de los que me ha acusado, lo que tendrá que hacer Mar San Martín es coger las maletas y marcharse».
Ángel Varea aseguró admitir cualquier tipo de crítica sobre la gestión de un cargo público, pero en este caso se trata de su honor, lo que considera «muy grave». Y sentenció, «en ningún momento he venido a enriquecerme y mucho menos a dar ningún trato de favor a mis familiares».
Éticamente cuestionable
Por su parte, la concejala popular compareció ayer en rueda informativa para insistir en que la actuación de Ángel Varea «nos parece éticamente cuestionable y pedimos responsabilidades políticas por ello».
Sin embargo, eludió hablar de prevaricación y trato de favor en la actuación de Varea, delitos que considera «interpretaciones» de sus declaraciones. «Yo nunca he pronunciado esas palabras», dijo, y «ratificarme en interpretaciones es bastante complicado; yo me tendré que ratificar en las declaraciones que hice».
En cuanto al requerimiento notarial anunciado por el teniente de alcalde, San Martín lo atribuyó a un estrategia para «desviar el tema» y «eludir explicaciones». Y concluyó, «ya está bien que cada vez que se denuncia una mala conducta política del Gobierno se intente desviar la atención con maniobras como la de expulsarnos de las instituciones o amenazando con acciones judiciales sin ningún sentido».












