Según Educación, «los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2008 no contemplan módulo económico alguno para concertar unidades de Bachillerato, ni tampoco refleja cantidades para esta finalidad en el estado de gastos».
Esta concisa respuesta, en términos puramente económicos, se produce después de que la Defensora del Pueblo recomendase a Educación el cumplimiento de las diversas sentencias (siete del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, la última del presente curso, y otra más del Tribunal Supremo, referida al año académico 2002-2003) para evitar «la vulneración del principio de igualdad» y «otros principios constitucionales» de los padres de los alumnos.
Sin embargo, la Consejería dirigida por Luis Alegre, con varios días de retraso, ha rechazado de pleno la recomendación de Díez Jalón, puesto que la Defensora del Pueblo Riojano carece de capacidad ejecutiva.
La dirección del centro ha recibido «con sorpresa» la respuesta de la Administración educativa riojana y prevé mantener en los tribunales los litigios para conseguir la concertación el próximo curso, aunque algunos de los alumnos actuales deberán abandonar el centro por no contar con recursos suficientes.
La concertación de las aulas desde el 2003-2004 hasta el curso 2006-2007 se encuentran recurridas por el Gobierno de La Rioja ante el Tribunal Supremo.











