Lo que esta semana ha sacudido a la madrileña población de Coslada ha sido una peculiar trama que poco tendría que desmerecer de las que organizaba Capone y sus secuaces en los oscuros años veinte. Una retahíla de cargos y delitos que sonrojaría a cualquier capo siciliano. Una mafia hecha y derecha gobernada por un 'sheriff' corrupto, rodeado de sicarios bien jerarquizados que ahora alegan en su defensa el vacío argumento de que cumplían órdenes. Así, sin conciencia ni vergüenza.
Y lo que más despierta la ira de los vecinos de Coslada (y con razón) es que los -aún presuntos- implicados en la 'Cosa Bloque' eran «agentes defensores de la ley». ¿Toma paradoja! Vaya, que los que más tenían que velar por los derechos ciudadanos eran los que más los vulneraban.
Porque, si bien cualquiera que abuse de sus vecinos es reprobable, si quienes lo hacen son los supuestos adalides de la ley, ya sean policías corruptos, políticos untados o jueces prevaricadores, eso ya ataca los nervios del más calmado. La confianza que el ciudadano otorga a las autoridades para resolver los problemas de convivencia no puede (ni debe) jamás verse minada por esa misma autoridad, porque lo único que se logra es que se implante la anarquía y el desobedecimiento ciudadano.
Por eso, cuando los cargos de los acusados sean probados ante el tribunal, la ley debe caer con todo su peso sobre aquellos que específicamente juraron respetarla y más daño le hicieron. Es una cuestión de verdadera justicia.











