ESPAÑA
La Audiencia no procesará a los marines de EE. UU. por la muerte de José Couso
La Sala cree que no hay indicios suficientes para juzgar a los militares y que el ataque al hotel de los periodistas en Bagdad pudo ser una «acción de guerra»
El cámara José Couso en Bagdad, días antes de su muerte. / TELECINCO
La Audiencia Nacional dio ayer carpetazo al 'caso Couso'. La Sala de lo Penal decidió que el juez instructor no tiene «indicios suficientes» para juzgar por asesinato y crimen de guerra a los tres militares norteamericanos a los que implica en el ataque con tanques al hotel Palestina de Bagdad (Irak) que el 8 de mayo del 2003 causó la muerte del cámara de Telecinco José Couso y de otro reportero.
La Sección Segunda de lo Penal llega a esta conclusión en una resolución en la que asume las tesis defendidas por la Fiscalía y deja sin efecto el auto de procesamiento dictado hace un año por el juez Santiago Pedraz contra los tres militares, así como anula las órdenes internacionales de detención emitidas contra ellos.
Los imputados son el sargento Thomas Gibson (el jefe del carro blindado que realizó el disparo), el capitán Philip Wolford (jefe de la unidad) y el teniente coronel Philip de Camp, superior de ambos, todos ellos de la Tercera División de Infantería Acorazada. La decisión provocó una escisión en el tribunal: dos de sus miembros apoyaron la anulación del procesamiento frente a un tercero que firmó un duro voto particular en el que defiende tesis contrarias a las de sus compañeros. La sala deja herida de muerte y al borde del archivo la investigación de Pedraz que, pese a la total falta colaboración del Gobierno de Estados Unidos, trata de exigir desde hace cinco años responsabilidades penales por la muerte del reportero gráfico. La familia de Couso ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.
Los magistrados Ángel Hurtado y Fermín Echarri señalan que, pese a las tesis acusatorias de Pedraz, nada en la investigación judicial demuestra que el ataque militar contra el hotel fuese algo diferente a «un acto de guerra» contra un «elemento hostil», equivocado o no, ni que los militares sospechosos tuviesen como finalidad «aterrorizar a los periodistas» que se refugiaban desde días atrás en el Palestina. Así, indican que ni hay delito de crimen de guerra ni de asesinato, porque no consideran que fuese una acción «indiscriminada o excesiva».
El experto discrepa
Los magistrados acusan al instructor de hacer caso sólo a los datos que perjudican a los sospechosos y de ignorar los que les benefician, por lo que llegan a calificar algunos de sus planteamientos de «vileza» y «bajeza moral». Para estos dos jueces el hecho de que los militares atacasen con blindados el hotel de la prensa internacional «pudo ser una coincidencia».
La postura del magistrado en discordia, José Ricardo de Prada Solaesa, no puede más contraria. «Existen indicios de criminalidad suficientes para procesar a los tres militares por crimen de guerra y asesinato». De Prada Solaesa, un experto en la investigación de crímenes de guerra que ha trabajado en la corte internacional de La Haya, defiende que lo ocurrido «fue un ataque indiscriminado».
La Sección Segunda de lo Penal llega a esta conclusión en una resolución en la que asume las tesis defendidas por la Fiscalía y deja sin efecto el auto de procesamiento dictado hace un año por el juez Santiago Pedraz contra los tres militares, así como anula las órdenes internacionales de detención emitidas contra ellos.
Los imputados son el sargento Thomas Gibson (el jefe del carro blindado que realizó el disparo), el capitán Philip Wolford (jefe de la unidad) y el teniente coronel Philip de Camp, superior de ambos, todos ellos de la Tercera División de Infantería Acorazada. La decisión provocó una escisión en el tribunal: dos de sus miembros apoyaron la anulación del procesamiento frente a un tercero que firmó un duro voto particular en el que defiende tesis contrarias a las de sus compañeros. La sala deja herida de muerte y al borde del archivo la investigación de Pedraz que, pese a la total falta colaboración del Gobierno de Estados Unidos, trata de exigir desde hace cinco años responsabilidades penales por la muerte del reportero gráfico. La familia de Couso ya ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.
Los magistrados Ángel Hurtado y Fermín Echarri señalan que, pese a las tesis acusatorias de Pedraz, nada en la investigación judicial demuestra que el ataque militar contra el hotel fuese algo diferente a «un acto de guerra» contra un «elemento hostil», equivocado o no, ni que los militares sospechosos tuviesen como finalidad «aterrorizar a los periodistas» que se refugiaban desde días atrás en el Palestina. Así, indican que ni hay delito de crimen de guerra ni de asesinato, porque no consideran que fuese una acción «indiscriminada o excesiva».
El experto discrepa
Los magistrados acusan al instructor de hacer caso sólo a los datos que perjudican a los sospechosos y de ignorar los que les benefician, por lo que llegan a calificar algunos de sus planteamientos de «vileza» y «bajeza moral». Para estos dos jueces el hecho de que los militares atacasen con blindados el hotel de la prensa internacional «pudo ser una coincidencia».
La postura del magistrado en discordia, José Ricardo de Prada Solaesa, no puede más contraria. «Existen indicios de criminalidad suficientes para procesar a los tres militares por crimen de guerra y asesinato». De Prada Solaesa, un experto en la investigación de crímenes de guerra que ha trabajado en la corte internacional de La Haya, defiende que lo ocurrido «fue un ataque indiscriminado».
