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S. fue condenado a un año de prisión por robar con violencia en un locutorio. Pero la de cárcel no era su única pena: él sabía que había obrado mal y quería reparar el dolor de su víctima. Por eso, solicitó acudir a un programa de mediación. El Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño accedió a su petición y poco después, S. se encontró con los propietarios del local que había robado, un padre y un hijo de nacionalidad pakistaní. El progenitor, en principio, no estaba por la labor de conceder su perdón al agresor. «Sólo quiero que me digáis 'Adiós, amigo' cuando me veáis por la calle», les dijo S. Sin pensarlo, el pakistaní más joven se levantó y le dio un abrazo.

La mediación penal está dando sus primeros pasos en La Rioja. Hasta el momento, sólo tres casos en la región han culminado en este acto en el que el agresor expresa su arrepentimiento a la víctima. Por diferentes motivos, la mediación fue denegada en nueve ocasiones. La pasada semana, el fiscal-jefe de La Rioja, Juan Calparsoro, la jueza de Vigilancia Penitenciaria, María Cecilia de la Iglesia, la especialista en mediación Myriam González, representantes de la Guardia Civil y de la Policía, abogados y miembros de 'oenegés' como Cáritas participaron en una jornada informativa para conocer más sobre este nuevo sistema que se ha implantado de manera exitosa en juzgados de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Navarra y sobre todo, en países como Holanda, Alemania o Francia.

La mediación penal se plantea con tres objetivos: la restauración de la víctima, la responsabilización del agresor y la pacificación social. En su intervención, Juan Calparsoro detalló los supuestos básicos en los que cabe este procedimiento. Así, explicó que las faltas encajan bien en este procedimiento. En caso de que se tratara de delitos, éstos no deben atentar contra la vida ni ser excesivamente graves.

Tampoco resulta recomendable que exista una relación previa entre las personas implicadas o que las víctimas sean agentes de la autoridad «para que no exista una relación de desigualdad», incidió Calparsoro. En cambio, parece interesante acudir a la mediación cuando el agresor sufre adicciones o problemas psicológicos, ya que puede servir como puerta de entrada a programas de rehabilitación o a centros de tratamiento especializado.

Los casos en La Rioja han seguido hasta ahora esquemas similares: el agresor acude al Servicio de Orientación de Cáritas, que a su vez propone al juzgado la idoneidad del encuentro entre víctima y victimario. Si el juzgado y el Ministerio Fiscal consideran apropiada la mediación (algo que no sucede en todos los casos), se ponen en contacto, primero por carta y después por teléfono, con la víctima. Por supuesto, ella debe mostrarse favorable.

En la reunión de la pasada semana, algunos abogados expresaron ciertas dudas sobre la mediación penal. Por ejemplo, preguntaron quién debe promover el encuentro entre las dos partes. También destacaron la importancia de que la Policía y la Guardia Civil informen a presuntos agresores sobre la existencia de la mediación. Por su parte, el presidente de Cáritas, Marcial Menchaca, pidió un protocolo para encauzar todos los casos. El fiscal-jefe incidió en la importancia del mediador social, figura que sirva como puente entre las partes.

Los profesionales coincidieron en que la mediación no debe aceptarse cuando el agresor, claramente, sólo busca una reducción de su condena. Los expertos aclaran también que la mediación es un proceso paralelo al procedimiento penal y a los castigos que impone la justicia: no implica por sí mismo mejoras para los presos.

La mediación, en cualquier caso, cuenta con el apoyo de los responsables de la justicia. «Todo lo que sea salirnos de las recetas anticuadas de prisión por prisión o multa por multa es bueno», afirma Juan Calparsoro.