REGIÓN
El Consejo cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado y del Ministerio
Lapuente afirma que las sentencias contrarias serán recurridas y que el juzgado de Madrid, tras rectificar su primer criterio, reconoce la capacidad de inspección y control a la institución
11.05.08 -
Instantánea de archivo del pleno del Consejo Regulador de la DOC Rioja. /J. RODRÍGUEZ
Las dificultades para instruir y resolver expedientes por parte del Consejo Regulador no son un problema nuevo ni exclusivo de Rioja -prácticamente todos estos organismos funcionan igual-. Lo único claro de este asunto es la Ley del Vino del 2003 en vigor, uno de cuyos principios básicos es la separación de funciones: los consejos reguladores se encargarían de la gestión de la denominaciones, pero las labores de control, inspección y sanción deben recaer en organismos diferentes, públicos o privados. El Consejo de Rioja, y los demás, han entendido sin embargo que sus propios cuerpos técnicos actuales son independientes, mientras varios tribunales no lo creen así.
En el año 2003, el Tribunal Constitucional determinó que el Reglamento de Rioja entonces vigente no tenía rango legal para sancionar a nadie. En plena tramitación de la Ley del Vino, se retocaron ciertos preceptos para arreglar la situación y en el año 2004 el Ministerio aprobó un Reglamento para Rioja, de forma urgente y denominado incluso 'puente', para salvar los muebles. Dicho Reglamento, haciendo caso omiso al Consejo de Estado, chocaba con la Ley del Vino sobre el tema de la separación de funciones al seguir manteniendo las competencias de control e inspección en el Consejo Regulador.
Rioja quiere ahora otro Reglamento, reteniendo las famosas competencias, pero hasta hoy el Ministerio no ha aceptado la propuesta y son ya varios los años en los que sigue vigente el provisional y la inseguridad jurídica.
El riesgo es evidente: el que no recurre paga y el que lleva el caso a los tribunales puede ganar y, desde la última sentencia, en los propios tribunales riojanos. El Consejo Regulador, pese a los pronunciamientos judiciales que le deniegan la facultad para instruir y resolver expedientes sancionadores, sigue contando con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de la Abogacía del Estado. Así se lo ratificaron ambos departamentos tras la sentencia de octubre del año 2007 del Juzgado Central de la Contencioso Administrativo número 9 de Madrid, en el que, por descuido, la Abogacía del Estado no presentó recurso de forma que se convirtió en firme y la sanción a la bodega quedó definitivamente anulada.
José Luis Lapuente, secretario del Consejo Regulador, reconoce que «se crearon ciertas dudas al no haber recurso, pero tras pedir explicaciones la Abogacía del Estado confirmó que seguirá recurriendo todas las sentencias negativas y el Ministerio que continuará ratificando y respaldando las instrucciones y propuestas sancionadoras de Rioja».
Lapuente admite que la nueva sentencia del juzgado riojano crea «controversia», aunque asegura que también «contamos con siete resoluciones favorables, lo que nos sigue dando margen de actuación, especialmente con el respaldo de la Abogacía del Estado y del propio Ministerio». En este sentido, destaca que «el Juzgado Central número 9 de Madrid, que el año pasado se posicionó de una forma, acaba de corregir en una nueva sentencia su criterio anterior, con lo que nos vuelve a reconocer la capacidad de inspección y sanción». «Es decir -continúa-, ha pasado todo lo contrario al caso del tribunal riojano, cuya sentencia recurriremos ante el Supremo». Según el propio Consejo, la situación es contradictoria, pero «tenemos más fallos favorables que negativos», insiste Lapuente.
Reforma legal
El Reglamento de Rioja actualmente en vigor se aprobó en el 2005 con vocación provisional para salvaguardar el vacío legal creado por el Tribunal Constitucional al anular el anterior régimen sancionador. Rioja, que necesita que el Ministerio de Agricultura como administración tutelante apruebe un nuevo Reglamento, pretende que se reconozca al Consejo Regulador como corporación de derecho público, con lo que, presumiblemente, se acabaría la fragilidad actual.
En el año 2003, el Tribunal Constitucional determinó que el Reglamento de Rioja entonces vigente no tenía rango legal para sancionar a nadie. En plena tramitación de la Ley del Vino, se retocaron ciertos preceptos para arreglar la situación y en el año 2004 el Ministerio aprobó un Reglamento para Rioja, de forma urgente y denominado incluso 'puente', para salvar los muebles. Dicho Reglamento, haciendo caso omiso al Consejo de Estado, chocaba con la Ley del Vino sobre el tema de la separación de funciones al seguir manteniendo las competencias de control e inspección en el Consejo Regulador.
Rioja quiere ahora otro Reglamento, reteniendo las famosas competencias, pero hasta hoy el Ministerio no ha aceptado la propuesta y son ya varios los años en los que sigue vigente el provisional y la inseguridad jurídica.
El riesgo es evidente: el que no recurre paga y el que lleva el caso a los tribunales puede ganar y, desde la última sentencia, en los propios tribunales riojanos. El Consejo Regulador, pese a los pronunciamientos judiciales que le deniegan la facultad para instruir y resolver expedientes sancionadores, sigue contando con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de la Abogacía del Estado. Así se lo ratificaron ambos departamentos tras la sentencia de octubre del año 2007 del Juzgado Central de la Contencioso Administrativo número 9 de Madrid, en el que, por descuido, la Abogacía del Estado no presentó recurso de forma que se convirtió en firme y la sanción a la bodega quedó definitivamente anulada.
José Luis Lapuente, secretario del Consejo Regulador, reconoce que «se crearon ciertas dudas al no haber recurso, pero tras pedir explicaciones la Abogacía del Estado confirmó que seguirá recurriendo todas las sentencias negativas y el Ministerio que continuará ratificando y respaldando las instrucciones y propuestas sancionadoras de Rioja».
Lapuente admite que la nueva sentencia del juzgado riojano crea «controversia», aunque asegura que también «contamos con siete resoluciones favorables, lo que nos sigue dando margen de actuación, especialmente con el respaldo de la Abogacía del Estado y del propio Ministerio». En este sentido, destaca que «el Juzgado Central número 9 de Madrid, que el año pasado se posicionó de una forma, acaba de corregir en una nueva sentencia su criterio anterior, con lo que nos vuelve a reconocer la capacidad de inspección y sanción». «Es decir -continúa-, ha pasado todo lo contrario al caso del tribunal riojano, cuya sentencia recurriremos ante el Supremo». Según el propio Consejo, la situación es contradictoria, pero «tenemos más fallos favorables que negativos», insiste Lapuente.
Reforma legal
El Reglamento de Rioja actualmente en vigor se aprobó en el 2005 con vocación provisional para salvaguardar el vacío legal creado por el Tribunal Constitucional al anular el anterior régimen sancionador. Rioja, que necesita que el Ministerio de Agricultura como administración tutelante apruebe un nuevo Reglamento, pretende que se reconozca al Consejo Regulador como corporación de derecho público, con lo que, presumiblemente, se acabaría la fragilidad actual.
