Por su parte, el Gobierno vasco expresó su deseo de que este criterio sea ratificado por la Sala, lo que supondría dar «un gran paso» para el encaje del Concierto en la UE. En su opinión, las conclusiones de Kokott «desmontan, una a una», las alegaciones de La Rioja, Castilla y León, UGT-Rioja y la propia Comisión Europea.
Las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa interpretaron que puede suponer el «blindaje europeo» de las normas tributarias vascas y consideraron que, si la Corte de Luxemburgo (TUE) confirma el informe, todos los recursos pendientes «deben ser desestimados».
La Confederación Empresarial Vasca (Confebask) aseguró que el dictamen supone «un sustancial espaldarazo al Concierto Económico y a la competencia tributaria vasca». Además, destacó la importancia de que «cuestione» la tesis que el Tribunal Supremo utilizó para anular diversos artículos del Impuesto de Sociedades vasco.
Para el PNV, el informe ratifica su apuesta por el «autogobierno», mientras Eusko Alkartasuna considera que se debe «actuar con prudencia» ya que «todavía el juicio no está ganado». El PSE-EE se mostró satisfecho, pero defendió que los partidos vascos deben alcanzar un «pacto político en materia fiscal» para dar «seguridad jurídica» al Concierto. Por último, el PP del País Vasco dijo que el informe «es un primer paso importante al aval definitivo» de la UE a la autonomía fiscal vasca.











