ESPAÑA
Julián Muñoz evitará cerca de cien juicios a cambio de cumplir un año más de prisión
El ex alcalde de Marbella y otros cinco ex ediles del GIL imputados por delitos urbanísticos aceptan el pacto con el fiscal
Julián Muñoz, a su llegada al juzgado en el 2006. / J. LANZA
Seis ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 1995 a 1999, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz, ingresarán en prisión tras cerrar ayer un pacto con la Fiscalía para no celebrar los juicios urbanísticos en los que están imputados. Por su parte, los ex ediles pertenecientes a la siguiente corporación no se han acogido inicialmente a dicho acuerdo, por lo que la negociación ha quedado aplazada al menos hasta el próximo mes, según fuentes de las defensas de algunos de los imputados.
El pacto alcanzado entre la Fiscalía y los seis ex ediles establece una sentencia de un año de cárcel por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, que en este caso serán tres años. En el caso de Julián Muñoz, cumplirá alrededor de otro año más porque en el mes de junio se harán dos años desde que entró en prisión por otras causas
Además de a Julián Muñoz, el acuerdo, que también incluye una pena de inhabilitación de diez años, afecta a los ex concejales Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Rafael González y Marisa Alcalá, según las mismas fuentes.
En septiembre
Los ex ediles podrían ingresar en la cárcel en septiembre, una vez que se instrumente el pacto, y para la pena de tres años les computará el tiempo que ya han cumplido en prisión por causas urbanísticas, según señaló el abogado Ernesto Osuna, representante jurídico de varios de los imputados. «Así lo establece la ley, porque se trata del mismo tipo de delito», afirmó el letrado, quien añadió que el pacto «beneficia a todas las partes», tanto a la administración de Justicia, porque supone un ahorro de costes al no celebrarse los juicios urbanísticos, como a los ex ediles, porque «establece un horizonte cercano en cuanto a la seguridad de la pena que tienen que cumplir y de cuando tienen que cumplirla», recalcó Osuna.
Segunda corporación
En este sentido, el letrado aseguró que a los afectados por el acuerdo les interesaba que su situación «se clarificara cuanto antes para ponerse en paz con la Justicia lo antes posible y reanudar sus vidas», por lo que mostró su deseo de que puedan ingresar en la cárcel en septiembre.
Por otra parte, los ex ediles pertenecientes al segundo Gobierno del Gil (de 1999 al 2003) en Marbella, no se han acogido inicialmente a dicho acuerdo. Tras más de dos horas para cerrar el pacto con la primera corporación, la negociación de este grupo ha quedado aplazada para el mes de junio, según Osasuna.
Osuna aseguró que la Fiscalía mantiene su postura respecto a los ex ediles del GIL que estuvieron al frente del consistorio en dicha etapa, mientras que estos inicialmente no están dispuestos a aceptar el pacto si las penas de cárcel no son sustituibles por multa, según apuntaron fuentes del entorno de los ex concejales.
El pacto alcanzado entre la Fiscalía y los seis ex ediles establece una sentencia de un año de cárcel por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triplo de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, que en este caso serán tres años. En el caso de Julián Muñoz, cumplirá alrededor de otro año más porque en el mes de junio se harán dos años desde que entró en prisión por otras causas
Además de a Julián Muñoz, el acuerdo, que también incluye una pena de inhabilitación de diez años, afecta a los ex concejales Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Rafael González y Marisa Alcalá, según las mismas fuentes.
En septiembre
Los ex ediles podrían ingresar en la cárcel en septiembre, una vez que se instrumente el pacto, y para la pena de tres años les computará el tiempo que ya han cumplido en prisión por causas urbanísticas, según señaló el abogado Ernesto Osuna, representante jurídico de varios de los imputados. «Así lo establece la ley, porque se trata del mismo tipo de delito», afirmó el letrado, quien añadió que el pacto «beneficia a todas las partes», tanto a la administración de Justicia, porque supone un ahorro de costes al no celebrarse los juicios urbanísticos, como a los ex ediles, porque «establece un horizonte cercano en cuanto a la seguridad de la pena que tienen que cumplir y de cuando tienen que cumplirla», recalcó Osuna.
Segunda corporación
En este sentido, el letrado aseguró que a los afectados por el acuerdo les interesaba que su situación «se clarificara cuanto antes para ponerse en paz con la Justicia lo antes posible y reanudar sus vidas», por lo que mostró su deseo de que puedan ingresar en la cárcel en septiembre.
Por otra parte, los ex ediles pertenecientes al segundo Gobierno del Gil (de 1999 al 2003) en Marbella, no se han acogido inicialmente a dicho acuerdo. Tras más de dos horas para cerrar el pacto con la primera corporación, la negociación de este grupo ha quedado aplazada para el mes de junio, según Osasuna.
Osuna aseguró que la Fiscalía mantiene su postura respecto a los ex ediles del GIL que estuvieron al frente del consistorio en dicha etapa, mientras que estos inicialmente no están dispuestos a aceptar el pacto si las penas de cárcel no son sustituibles por multa, según apuntaron fuentes del entorno de los ex concejales.
