REGIÓN
Carencia de medios de vigilancia
07.05.08 -
El comercio de piezas arqueológicas se realiza a través de una compleja cadena que comienza con los saqueadores (conocidos como huaqueros) y termina con los compradores de piezas robadas y coleccionistas privados. Muchas operaciones se realizan por internet en la actualidad.
Desde la década de los 60, y tras el llamamiento realizado por la Unesco, cada país ha inventariado su patrimonio cultural para saber qué existe y qué se debe proteger. En este sentido, el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja, Urbano Espinosa, explica que «las leyes nacionales prohíben el expolio arqueológico, pero la escasez de medios humanos y materiales de vigilancia hace que los saqueos sean posibles».
Además, Espinosa señala que «en los países donde hay una gran inestabilidad política se están produciendo daños terribles sobre el patrimonio» y, en concreto, señala «el caso de Irak, como consecuencia de estos últimos años de guerra».
Por último, el catedrático de la UR destaca que el patrimonio «no es propiedad de una comunidad sino de la humanidad» y la operación desarrollada en La Rioja «demuestra ese compromiso de los poderes públicos».
Desde la década de los 60, y tras el llamamiento realizado por la Unesco, cada país ha inventariado su patrimonio cultural para saber qué existe y qué se debe proteger. En este sentido, el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja, Urbano Espinosa, explica que «las leyes nacionales prohíben el expolio arqueológico, pero la escasez de medios humanos y materiales de vigilancia hace que los saqueos sean posibles».
Además, Espinosa señala que «en los países donde hay una gran inestabilidad política se están produciendo daños terribles sobre el patrimonio» y, en concreto, señala «el caso de Irak, como consecuencia de estos últimos años de guerra».
Por último, el catedrático de la UR destaca que el patrimonio «no es propiedad de una comunidad sino de la humanidad» y la operación desarrollada en La Rioja «demuestra ese compromiso de los poderes públicos».
