Un juzgado madrileño les ha citado, junto a otras 15 personas más -entre ellos, una decena de directivos de la citada entidad financiera-, para responder como posibles autores o partícipes de cuatro presuntos delitos cometidos en la operación: administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho.
Los hechos a aclarar se refieren a la compra, el 16 de marzo de 1999, del 45,3% de las acciones de Aguas de Fuensanta (de la que Rato y su hermano Ramón eran los principales accionistas) por parte de Banesto, operación que costó cerca de seis millones de euros y que se produjo en pleno proceso de desinversiones industriales en el banco. Según la querella presentada por dos accionistas minoritarios del Santander, los abogados Antonio Panea Yeste y Francisco Franco Otegui, dicha suma resulta «desorbitada» para una sociedad que, según ellos, estaba en «quiebra técnica», por lo que el verdadero objetivo de la transacción sería, en su opinión, «ganarse el favor» del propio Rato, entonces ministro de Economía con el Gobierno del PP.
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió a trámite dicha querella en enero de 2006, pero hasta ahora no había resuelto entrar a fondo en el tema.





