«La red de portugueses era sólo la punta del iceberg», apunta Concha Hernani, secretaria general de la Federación Agroalimentaria de CCOO. «Sigue habiendo subcontrataciones, especialmente en el campo y en la construcción, porque se trata de un negocio muy rentable», continúa Hernani.
En la misma línea se pronuncia Begoña Armas, responsable de Migraciones de la Federación Agroalimentaria de UGT. «Las mafias continúan operando y los responsables de que no lo hagan tenemos que seguir pendientes en el futuro», explica Armas. Las redes portuguesas protagonizaban los casos más sangrantes, pero otras mafias, como las rumanas o las marroquíes, también tienen su campo de actuación en La Rioja.
Cáritas, una de las entidades más activas contra las mafias, recuerda que la acción de estas redes se extendía también a la construcción o a la vigilancia de obras. «Cuando tenían problemas en algún pueblo, los clanes se trasladaban a otro», destaca Eloísa Galarreta, trabajadora social de Cáritas, que añade: «Aunque la mayoría venían engañados de Portugal, otros eran captados en los centros de acogida de La Rioja».
Para los sindicatos del campo, la culpa debe recaer únicamente en las mafias. «Siempre recordamos que utilizar las mafias es delito. Nadie que contrate a través de nuestro servicio jurídico comete una ilegalidad», explica Constantino Gil, coordinador de la UAGR, que rechaza la idea de que los agricultores se benefician por la mano de obra barata que proporcionan las mafias. A juicio de José Antonio Torrecilla, secretario técnico de Asaja, los agricultores «cumplen la ley» pero desconocen «la vida que hay después de pagar los salarios».












