
Las cifras las ofreció ayer el coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil, Francisco Arribas, que compareció en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Justicia de La Rioja a la que también asistieron el fiscal superior de Justicia de La Rioja, Juan Calparsoro; el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Antonio Ulecia; el magistrado de España en Eurojust, Juan Antonio García; el fiscal jefe de Oporto, Antonio Almeida; y el coordinador de la Policía Judiciaria de Oporto, José Monteiro.
La desarticulación de esta banda mafiosa portuguesa ha supuesto la detención de 28 personas. Nueve de ellas fueron arrestadas en el país vecino, mientras que las 19 restantes fueron capturadas en España. En La Rioja, la denominada 'Operación Libertad' se ha saldado con seis detenciones fruto de los registros domiciliarios efectuados en Ábalos, Tricio, Huércanos y Murillo de Río Leza. La banda tenía también como bases españolas de sus operaciones las localidades navarras de Arguedas y Valtierra, las zaragozanas de La Almunia y Remolinos y la alavesa de Lanciego. Los detenidos en Portugal estaban radicados en el entorno de la ciudad de Oporto.
Según relató el fiscal Juan Calparsoro, los orígenes de la 'Operación Libertad' se remontan al año 2005, cuando el cónsul portugués en Bilbao expresó su preocupación por la trama de explotación laboral de trabajadores portugueses que parecía estar operando en la comunidad autónoma.
A partir de ese momento, la Fiscalía de Oporto y la de La Rioja iniciaron una investigación conjunta bajo el auspicio del Organismo Internacional de Justicia de la Unión Europea (Eurojust). De forma paralela comenzó la colaboración entre la Policía Judiciaria portuguesa y la Guardia Civil. Coordinadas desde la Delegación del Gobierno se celebraron cuatro reuniones entre autoridades fiscales y policiales de ambos países antes de que la operación entrase en su recta final.
El coronel Arribas explicó que la organización desarticulada captaba a sus víctimas entre los estratos más bajos de la sociedad portuguesa. Muchas de ellas eran personas analfabetas, de familias desestructuradas e incluso adictas a drogas o alcohol. Se les prometía un sueldo de entre 600 y 700 euros al mes por venir a La Rioja y a regiones limítrofes para trabajar en labores agrícolas, por lo que aceptaban sin dudarlo, pero una vez aquí la situación real se tornaba en un infierno para ellos.
Lo primero que hacían los detenidos era, presuntamente, abrir cuentas corrientes a sus víctimas para que ingresaran allí el dinero que recibirían de los empresarios españoles que iban a contratarlos, pero, valiéndose de engaños, se quedaban con los números secretos de las cuentas y les retenían las cartillas, de modo que podían acceder a ellas y disponer libremente de sus ingresos.
Con frecuencia, los cabecillas de la red proporcionaban a los 'esclavos ' prostitutas y drogas, descontándoles por ello grandes sumas de dinero, de tal suerte que, al final, los trabajadores pasaban largas jornadas de trabajo en los campos rojanos prácticamente a cambio de comida, tabaco y un alojamiento muy precario.
Los 'esclavos' portugueses estaban «sometidos a un régimen de terror» -en palabras del coronel Arribas- que les impedía romper con su situación y acudir a las autoridades. De hecho, las pocas denuncias existentes provinieron no de las víctimas sino de sus familiares o entorno más próximo.
De los 28 detenidos, seis han aceptado su entrega a Portugal, pero el resto se ha negado, por lo que ahora deberá ser la Audiencia Nacional la que decida sobre la orden de extradición. Durante la operación policial se intervinieron 530.000 euros, cartillas bancarias, ordenadores y tres armas de fuego.












