EDITORIAL
Trabajo seguro
28.04.08 -
La celebración hoy del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Empleo ofrece la ocasión para recordar los importantes daños personales y las cuantiosas pérdidas que generan la siniestralidad y las enfermedades vinculadas al trabajo. Cada año mueren en todo el mundo 2,2 millones de personas por accidentes o por patologías laborales, una cifra sobrecogedora a la que se suma la detección anual de 160 millones de nuevos casos de dolencias profesionales. La estadística más dramática, la que consigna los fallecimientos producto de la actividad en el tajo, se redujo el 10,9% en España en el 2007, un notable avance que, sin embargo, no enmascara la sangría que supone perder un promedio de tres trabajadores por día. Junto a ello, el hecho de que no se haya conseguido reducir los accidentes que redundan en baja laboral -934.351- y que continúen aumentando los registrados 'in itinere' apuntan a que los esfuerzos desarrollados han servido para frenar la mortalidad pero no tanto para prevenir la siniestralidad más cotidiana.
La evaluación correcta del coste humano y material que comportan los accidentes y las dolencias profesionales resulta del todo necesaria para poder atender las demandas que genera esta problemática social y ajustar las políticas públicas para combatirla con eficacia. Así, la ausencia de datos contrastados sobre los siniestros que sufren los autónomos, la imposibilidad de determinar con exactitud las consecuencias de las secuelas que padecen los 8.000 heridos graves que se registran cada año o el ocultamiento de incidentes en el que se ven involucrados inmigrantes, cuya indefensión les impide denunciar sus precarias condiciones de trabajo, minimizan los efectos reales de este tipo de siniestralidad. En este sentido, resulta difícilmente comprensible que las estadísticas oficiales apenas dejen constancia de los fallecimientos causados por enfermedad de origen laboral cuando los sindicatos las cuantifican en más de 16.000 al año, una disparidad que los segundos atribuyen a la renuencia de las mutuas a identificar como tales las patologías originadas en el trabajo a fin de evitarse costes. Sólo el conocimiento certero de una realidad tan preocupante y la admisión consciente por parte de todas las partes implicadas de su correspondiente responsabilidad a la hora de procurar una actividad profesional más segura permitirá progresar en la contención de este mal de repercusión colectiva.
La evaluación correcta del coste humano y material que comportan los accidentes y las dolencias profesionales resulta del todo necesaria para poder atender las demandas que genera esta problemática social y ajustar las políticas públicas para combatirla con eficacia. Así, la ausencia de datos contrastados sobre los siniestros que sufren los autónomos, la imposibilidad de determinar con exactitud las consecuencias de las secuelas que padecen los 8.000 heridos graves que se registran cada año o el ocultamiento de incidentes en el que se ven involucrados inmigrantes, cuya indefensión les impide denunciar sus precarias condiciones de trabajo, minimizan los efectos reales de este tipo de siniestralidad. En este sentido, resulta difícilmente comprensible que las estadísticas oficiales apenas dejen constancia de los fallecimientos causados por enfermedad de origen laboral cuando los sindicatos las cuantifican en más de 16.000 al año, una disparidad que los segundos atribuyen a la renuencia de las mutuas a identificar como tales las patologías originadas en el trabajo a fin de evitarse costes. Sólo el conocimiento certero de una realidad tan preocupante y la admisión consciente por parte de todas las partes implicadas de su correspondiente responsabilidad a la hora de procurar una actividad profesional más segura permitirá progresar en la contención de este mal de repercusión colectiva.
