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El proyecto de soterramiento se convirtió durante años en centro del debate entre los principales partidos. Cuando la polémica parecía superada, la disputa se aviva con otra cuestión: mantener (y cómo) el actual edificio de la estación. El PR ha sido el principal valedor de preservar un inmueble con, según los regionalista, un agudo valor sentimental entre los logroñeses. Tanto es así, que el pacto de gobierno municipal con los socialistas en el Ayuntamiento de la capital incluía como condición esta decisión.

El PP, que ya en el proyecto original dejaba de lado esta posibilidad, se ha mantenido firme en una posición contraria. Su argumento principal: el retraso en los plazos y el sobrecoste que supondría conservar un edificio que, a su juicio, carece de valores arquitectónicos de enjundia.

El Colegio Oficial de Arquitectos no ha sido ajeno a este rifirrafe. Desde el arranque de la polémica ha mostrado su oposición a la preservación del cuerpo central de la estación, remitiendo incluso una carta al alcalde Tomás Santos con sus razonamientos. Además de la demora de los trabajos que arrastraría, los arquitectos entienden que el edificio «no representa un hito de la cultura de la ciudad» y sólo las vidrieras y los murales interiores ofrecen cierto valor. Partiendo de aquí, entienden que preservarlo supondría una modificación innecesaria del proyecto de soterramiento y, por lo tanto, un lastre para el desarrollo futuro de la ciudad.

Paradojas de la historia, la construcción de la estación que ahora está en el ojo del huracán ya fue objeto de polémica antes de su inauguración el 9 de noviembre de 1958. El autor del proyecto, Félix Amorena, se mostró entonces contrario a levantarla donde hoy está ya que, según él, era desproporcionado el dinero previsto para construir una estación a 500 de la que existía en Gran Vía. Incluso apuntó ahora hace ya medio siglo que, con el tiempo, las vías ahogarían la expansión de Logroño.