Día 23 de abril, Día del Libro: me sorprendo con las declaraciones del director general pedro Caceo: «El Gobierno va a cumplir con la sentencia». ¿Pero es que acaso podía ser de otro modo? Y continúa diciendo: «Hemos solicitado al TSJR que nos diga cómo y cuándo hacerlo». No quiero arrogarme competencias de los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pero la contestación me parece bastante obvia: ¿Cómo?, abonando a los padres directamente o a través del Centro las cantidades que pagaron por las matrículas de sus hijos y al propio Centro las cantidades correspondientes para su funcionamiento y gestión. ¿Cuándo?: Lo antes posible, destinando partidas presupuestarias o solicitando créditos extraordinarios para cumplirla con esta sentencia y con todas las que previsiblemente dictará el Tribunal Supremo en los próximos meses ratificando al TSJ sobre la injusta denegación del concierto durante los restantes cursos escolares.
Día 24 de abril: Como si el TSJ supiera que comenzamos las fiestas escolares del centro, nos notifica una nueva sentencia, por la que considera que la Consejería de Educación debió concertar también las aulas de Bachillerato en el actual curso 2.007-2.008. Y me pregunto ¿Por qué los padres hemos de adelantar el dinero y seis o siete años más tarde intentar recuperarlo, cuando teníamos derecho a la educación concertada desde el principio? No encuentro respuesta.
Pero con todo ello, esta renuencia al cumplimiento de la sentencia no es lo más preocupante, sino que el Gobierno de La Rioja continúa pensándose si este próximo curso concertará o no el Bachillerato. Después de siete sentencias, una de ellas firme, el CSC ha solicitado para este próximo curso el concierto de las seis aulas de Bachillerato y hasta la fecha no se ha recibido respuesta, a pesar de que el plazo para preinscripción finaliza este próximo miércoles día 30 de abril.
Legalmente, los padre de alumnos no estamos directamente legitimados para solicitar el concierto, pero nosotros somos los directa y principalmente perjudicados por la ilegalidad que comete la Consejería de Educación. Es nuestra economía familiar la que se ve directamente afectada y somos nosotros, que queremos lo mejor para nuestros hijos, quienes debemos estirar el presupuesto para poder continuar dándoles la educación que hasta el momento han recibido.
El Gobierno sigue creyéndose con el derecho a infringir la Ley, a vulnerar el derecho de los padres a que sus hijos opten a una plaza en este Bachillerato concertado. Los padres tenemos derecho a que nuestros hijos reciban en el CSC una educación de Bachillerato concertada. Así lo dice la Ley y así lo han dicho los tribunales. En definitiva, el Gobierno de La Rioja está atacando de forma consciente y deliberada nuestro derecho a la educación, reconocido como Derecho Fundamental en el art. 27 de la Constitución. No se trata meramente de una cuestión económica, porque de no concertarse este próximo curso habrá padres, como los ha habido durante estos siete últimos cursos, que no podrán costear los estudios de Bachillerato para sus hijos en el CSC, viéndose abocados a tomar otras vías. ¿Cómo resarcirá a estos padres el Gobierno, que ya sabía por sentencia firme que debía concertar el Bachillerato, por los daños morales que supone no poder dar a su hijo la educación deseada, si posteriormente se sentencia que la denegación no se ajusta a Derecho y que debió concertarlo?; ¿de qué sirven la excelencia en el servicio y los estupendos resultados académicos de los alumnos riojanos si se vulneran sus más elementales derechos de concertación y elección de centro? Es absolutamente necesario que la Administración cumpla escrupulosamente las leyes y las sentencias de los tribunales para obtener credibilidad en las instituciones, confianza de los ciudadanos y seguridad jurídica del Estado de Derecho.
Y todo ello se traduce y se hace práctico en el reconocimiento ya para este próximo curso 2.008-2.009 del Concierto para Bachillerato en el CSC.





