REGIÓN
Esclavos del siglo XXI
La detención, en abril del 2005, de 23 portugueses acusados de contratar ilegalmente a compatriotas para trabajar en el campo riojano generó una avalancha de reacciones sociales y mediáticas
25.04.08 -
Reunión mantenida en 2006 en Logroño para tratar el tema de la explotación de trabajadores portugueses. / D.U.
EN RESUMEN
Las situaciones de explotación en condiciones de semiesclavitud y con protagonistas portugueses no son nuevas en La Rioja. La más llamativa tanto por el número de implicados como por las condiciones en que se comprobó que vivían las víctimas se registró en Fuenmayor a principios del 2005. El 25 de abril de aquel año, la Policía Judicial lusa arrestó en varias localidades del país vecino a 23 'contratadores' que reclutaban ilegalmente a obreros y los trasladaban hasta la comunidad autónoma en condiciones infrahumanas para trabajar en el campo.
El caso llevó incluso a una de las principales cadenas de televisión de Portugal - SIC- a enviar a La Rioja a uno de sus equipos para investigar los pormenores del día a día de algunos de sus compatriotas más desfavorecidos en el campo riojano.
El retrato extraído de aquellas jornadas de pesquisas arrojó casos como el de Fuenmayor, donde a pesar de estar empadronados 122 portugueses -la mitad de ellos de etnia gitana, a los que apuntaba el foco de las investigaciones policiales- habitaban entonces muchos más con inmuebles y hasta furgonetas compartidos por decenas personas.
En su reportaje, los periodistas lusos detectaron situaciones de explotación en zonas no sólo de La Rioja sino también de regiones vecinas. Una coyuntura que contrastaba con la ausencia de denuncias. José, un portugués llegado a la comunidad hace más de una década para dedicarse primero a las viñas y trabajar luego en la construcción, explicaba entonces ante las cámaras el porqué. «No se denuncia por miedo», decía. «Una buena parte de los trabajadores que llegan desde Portugal se quedan a menudo sin documentos ni dinero, de forma que se convierten en presas fáciles para las mafias de explotadores». Su testimonio ahondaba en dramatismo y descubría que «muchos de los que caen en estas redes casi no saben leer ni escribir, tienen deficiencias mentales o física, carencias económicas e incluso familiares».
Todos a una
La constatación de estos hechos ha ido pareja a la reacción por parte de las instituciones y agentes sociales implicados. La respuesta más contundente a este nivel fue la reunión del más alto nivel mantenida el 28 de abril en Logroño entre la Delegación de Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Inspección de Trabajo, la Fiscalía de La Rioja, sindicatos como UGT, CCOO, USO, UAGR y ASAJA, la Federación de Empresarios y el cónsul de Portugal en Bilbao para reforzar aún más las medidas previstas en este terreno. A las puertas de la campaña agrícola veraniega, todos ellos mostraron la voluntad de atajar estas situaciones de esclavitud en pleno siglo XXI siempre vinculadas a marginalidad y desarraigo.
Medidas que habían arrancado ya en septiembre del 2005 con un plan contra las mafias que incluía la recepción de denuncias anónimas, el estudio por localidades y delincuentes y la potenciación de los juicios rápidos en los casos flagrantes.
El caso llevó incluso a una de las principales cadenas de televisión de Portugal - SIC- a enviar a La Rioja a uno de sus equipos para investigar los pormenores del día a día de algunos de sus compatriotas más desfavorecidos en el campo riojano.
El retrato extraído de aquellas jornadas de pesquisas arrojó casos como el de Fuenmayor, donde a pesar de estar empadronados 122 portugueses -la mitad de ellos de etnia gitana, a los que apuntaba el foco de las investigaciones policiales- habitaban entonces muchos más con inmuebles y hasta furgonetas compartidos por decenas personas.
En su reportaje, los periodistas lusos detectaron situaciones de explotación en zonas no sólo de La Rioja sino también de regiones vecinas. Una coyuntura que contrastaba con la ausencia de denuncias. José, un portugués llegado a la comunidad hace más de una década para dedicarse primero a las viñas y trabajar luego en la construcción, explicaba entonces ante las cámaras el porqué. «No se denuncia por miedo», decía. «Una buena parte de los trabajadores que llegan desde Portugal se quedan a menudo sin documentos ni dinero, de forma que se convierten en presas fáciles para las mafias de explotadores». Su testimonio ahondaba en dramatismo y descubría que «muchos de los que caen en estas redes casi no saben leer ni escribir, tienen deficiencias mentales o física, carencias económicas e incluso familiares».
Todos a una
La constatación de estos hechos ha ido pareja a la reacción por parte de las instituciones y agentes sociales implicados. La respuesta más contundente a este nivel fue la reunión del más alto nivel mantenida el 28 de abril en Logroño entre la Delegación de Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Inspección de Trabajo, la Fiscalía de La Rioja, sindicatos como UGT, CCOO, USO, UAGR y ASAJA, la Federación de Empresarios y el cónsul de Portugal en Bilbao para reforzar aún más las medidas previstas en este terreno. A las puertas de la campaña agrícola veraniega, todos ellos mostraron la voluntad de atajar estas situaciones de esclavitud en pleno siglo XXI siempre vinculadas a marginalidad y desarraigo.
Medidas que habían arrancado ya en septiembre del 2005 con un plan contra las mafias que incluía la recepción de denuncias anónimas, el estudio por localidades y delincuentes y la potenciación de los juicios rápidos en los casos flagrantes.
