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El descenso del 51'4% del superávit registrado hasta el pasado mes de marzo frente al excedente en el mismo período del año anterior, reconocido ayer por el ministerio de Economía y Hacienda, evidencia que la desaceleración económica ha comenzado a hacer mella en las arcas del Estado. Puede ser, como afirma el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, que tres meses no sea un periodo de tiempo suficiente para saber si esa tendencia se mantendrá a lo largo del año. Pero si un factor determinante de la caída del superávit ha sido la desaceleración en el sector inmobiliario y los promotores españoles anunciaron ayer que las ventas de los pisos ha descendido un 60% y hay medio millón de viviendas en reserva, no es arriesgado presumir que la tendencia no se corregirá en unos meses. De acuerdo con la acumulación de síntomas de una crisis de importante calado el gobierno debe empezar a trabajar sobre la hipótesis de que el «colchón defensivo» que representaba el superávit de las cuentas públicas frente a la crisis exterior puede agotarse con una rapidez superior a lo previsto. Los consumidores ya sienten en sus carnes los efectos de la inestabilidad económica y el Ejecutivo no puede seguir confiando en que cambie la racha insuflando algo de oxígeno en los bolsillos y en la construcción porque el tiempo es precioso en economía y la habilidad de adelantarse a los acontecimientos puede ser decisiva en la lucha por amortiguar los efectos de la crisis.

La caída de la actividad económica y el crecimiento por debajo de dos puntos es garantía prácticamente segura de destrucción de empleo y el incremento automático del gasto en prestaciones sociales que conlleva agravaría el equilibrio de las cuentas del Estado. Adecuar el gasto público al nuevo escenario de recaudación para preservar la estabilidad presupuestaria es un paso imprescindible para mantener una economía sana si cambia el ciclo. Sin embargo no se trata solamente de huir del déficit que tan malos resultados asegura a medio plazo a cualquier economía de la eurozona sino de evaluar nuevamente el margen de maniobra de política económica, laboral y fiscal que esta dispuesto a utilizar el Gobierno atendiendo por ejemplo a sugerencias sobre la necesidad de medidas valiente y agresivas que propuso ayer el presidente de la CEOE.