ESPAÑA
Zorros que exprimen el gallinero
Durante los 15 años de 'gilismo', los sistemas puestos en marcha para enriquecerse a costa de Marbella y de la calidad de vida de sus vecinos fueron múltiples. Algunos, muy sofisticados. Otros, casi chuscos por su simplicidad. El que se investiga en el 'caso Saqueo' puede inscribirse en el segundo grupo. No fue más que el cobro de fondos municipales mediante la emisión de facturas de empresas del entorno del entonces alcalde, Jesús Gil, por bienes nunca entregados, y por servicios nunca prestados. La causa se sigue en la Audiencia Nacional, y está a la espera de juicio.
CUÁNDO
El fraude se montó tan pronto como los zorros consiguieron la llave del gallinero: entre 1991 y 1995, en los cuatro primeros años del mandato del GIL, se sustrajeron del Ayuntamiento, según la instrucción, 6.000 millones de las pesetas de entonces, 36 millones de euros.
«Desde su llegada al poder, los acusados decidieron de forma concertada desviar, desde el Ayuntamiento o bien desde sus propios cargos en las sociedades municipales, los fondos públicos del municipio en su propio beneficio o en el de terceros, contando con la participación de servicios jurídicos y contables desarrollados por algunos de los acusados», señaló el fiscal en su acusación.
CÓMO
El juez instructor explicó en su escrito final cuán simple era el método elegido: Las empresas municipales -conocidas como las 2.000- estaban financiadas de forma exclusiva por el Ayuntamiento. «Desde estas sociedades se efectuaban reintegros en efectivo o mediante cheques bancarios al portador cuyo destino eran terceras personas, sin relación alguna con el Ayuntamiento de Marbella». Esta actividad, apunta el juez, fue ocultada a través de la facturación imputada a entidades mercantiles sin actividad alguno.
QUIÉNES
Los imputados en la causa son Juan Antonio Roca, el ex contable de Contratas 2000 y Jardines 2000 Eduardo Gonzálvez Montalbán, el abogado de Gil y ex asesor jurídico del Ayuntamiento José Luis Sierra Sánchez y el asesor fiscal Manuel Jorge Castel Fernández. Para todos ellos, acusados de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y uno continuado de falsedad en documento mercantil, el fiscal pide diez años de cárcel. También solicita ocho años de cárcel por presunto delito de malversación de caudales públicos para Francisco Javier Herrera Moreno, contable de Planeamiento 2000, y Purificación Notario Díaz. Pide también que indemnicen al Ayuntamiento por el total de los fondos supuestamente sustraídos y que se declare la responsabilidad civil de las sociedades Promociones Futbolísticas y Rancho Valdeolivas y de los herederos de Gil por las cantidades percibidas. La mayoría de los imputados pasaron por la cárcel, entre ellos el propio Gil, el fallecido gerente de las empresas públicas José Luis Jiménez y Roca. Se llegó a imputar a la madre de éste -Dolores Nicolás, ahora también fallecida- a cuyo nombre figuraban algunas de las sociedades factureras.
CUÁNDO
El fraude se montó tan pronto como los zorros consiguieron la llave del gallinero: entre 1991 y 1995, en los cuatro primeros años del mandato del GIL, se sustrajeron del Ayuntamiento, según la instrucción, 6.000 millones de las pesetas de entonces, 36 millones de euros.
«Desde su llegada al poder, los acusados decidieron de forma concertada desviar, desde el Ayuntamiento o bien desde sus propios cargos en las sociedades municipales, los fondos públicos del municipio en su propio beneficio o en el de terceros, contando con la participación de servicios jurídicos y contables desarrollados por algunos de los acusados», señaló el fiscal en su acusación.
CÓMO
El juez instructor explicó en su escrito final cuán simple era el método elegido: Las empresas municipales -conocidas como las 2.000- estaban financiadas de forma exclusiva por el Ayuntamiento. «Desde estas sociedades se efectuaban reintegros en efectivo o mediante cheques bancarios al portador cuyo destino eran terceras personas, sin relación alguna con el Ayuntamiento de Marbella». Esta actividad, apunta el juez, fue ocultada a través de la facturación imputada a entidades mercantiles sin actividad alguno.
QUIÉNES
Los imputados en la causa son Juan Antonio Roca, el ex contable de Contratas 2000 y Jardines 2000 Eduardo Gonzálvez Montalbán, el abogado de Gil y ex asesor jurídico del Ayuntamiento José Luis Sierra Sánchez y el asesor fiscal Manuel Jorge Castel Fernández. Para todos ellos, acusados de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y uno continuado de falsedad en documento mercantil, el fiscal pide diez años de cárcel. También solicita ocho años de cárcel por presunto delito de malversación de caudales públicos para Francisco Javier Herrera Moreno, contable de Planeamiento 2000, y Purificación Notario Díaz. Pide también que indemnicen al Ayuntamiento por el total de los fondos supuestamente sustraídos y que se declare la responsabilidad civil de las sociedades Promociones Futbolísticas y Rancho Valdeolivas y de los herederos de Gil por las cantidades percibidas. La mayoría de los imputados pasaron por la cárcel, entre ellos el propio Gil, el fallecido gerente de las empresas públicas José Luis Jiménez y Roca. Se llegó a imputar a la madre de éste -Dolores Nicolás, ahora también fallecida- a cuyo nombre figuraban algunas de las sociedades factureras.
