
Una parte significativa de ese retraso en el cumplimiento de las condenas se da en el ámbito penal, precisamente donde los fallos judiciales suelen acarrear prisión para el acusado. De las citadas 6.987 sentencias sin ejecutar en La Rioja, 2.095 pertenecían a esta jurisdicción.
Los datos provienen de un informe que acaba de hacer público el Consejo General del Poder Judicial sobre la actividad de los Juzgados españoles. En él se pone de manifiesto que, a nivel nacional, el ejercicio 2007 se cerró con un millón y medio de sentencias pendientes de ejecución, de las que 403.591 correspondían a penas de cárcel.
En La Rioja, al igual que en el resto del territorio español, la mayoría de los fallos judiciales sin materializarse se contabilizan en la jurisdicción civil, con 4.757 sentencias pendientes de cumplir.
El ámbito de lo contencioso administrativo, por su parte, sumaba a finales del año pasado seis sentencias en trámite de ejecución, mientras el área de lo social acumulaba 129 fallos sin cumplir.
Dentro de la jurisdicción penal, aunque de menor importancia numérica absoluta, destaca por su alcance social la cifra de once condenas por casos de violencia de género que no se habían llegado a ejecutar.












