EDITORIAL
La eficacia judicial, en cuestión
23.04.08 -
Las dudas que los ciudadanos manifiestan sobre la eficiacia de la Justicia española encuentran argumentos de peso en el informe que el Consejo General del Poder Judicial acaba de hacer público y según el cual, el ejercicio 2007 se cerró con un millón y medio de sentencias pendientes de ejecución, de las que 403.591 correspondían a penas de cárcel. En La Rioja, las cifras no dibujan un panorama distinto: 6.987 sentencias estaban pedientes de ejecutar al acabar el pasado año judicial, de las que casi 2.100 pertenecían al ámbito penal, el que más preocupa, sin duda, a la población tras conocerse casos como el del presunto asesino de la niña Mari Luz, que paseaba libremente por la calle pese a tener una sentencia firme pendiente de cumplir pero sin juez que se lo reclamase.
Si el incomprensible retraso en el cumplimiento de las penas es preocupante, otros datos abonan tanto las quejas ciudadanas como las reiteradas exigencias de los profesionales de la judicatura para contar con más medios humanos que hagan posible que el sistema judicial salga del atasco en que se encuentra. Sirvan como ejemplo los más de 11.000 (once mil) casos sin resolver con los que se cerró el año 2077 en La Rioja.
El reto del ministro Fernández Bermejo, que anunció en la pasada campaña electoral una profunda reforma de la judicatura, no es baladí. Y la preocupación de la Administración regional debe ser exigirle a éste no sólo la dotación de infrastructuras y de material acorde a las necesidades futuras, sino también los medios humanos que le permitan salir del atolladero.
Si el incomprensible retraso en el cumplimiento de las penas es preocupante, otros datos abonan tanto las quejas ciudadanas como las reiteradas exigencias de los profesionales de la judicatura para contar con más medios humanos que hagan posible que el sistema judicial salga del atasco en que se encuentra. Sirvan como ejemplo los más de 11.000 (once mil) casos sin resolver con los que se cerró el año 2077 en La Rioja.
El reto del ministro Fernández Bermejo, que anunció en la pasada campaña electoral una profunda reforma de la judicatura, no es baladí. Y la preocupación de la Administración regional debe ser exigirle a éste no sólo la dotación de infrastructuras y de material acorde a las necesidades futuras, sino también los medios humanos que le permitan salir del atolladero.
