REGIÓN
Los objetores alegarán que Ciudadanía vulnera derechos fundamentales
CONCAPA pedirá la suspensión cautelar de la obligación de cursar la asignatura mientras dura el proceso judicial
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Las familias riojanas que objeten contra Educación para la Ciudadanía (EpC) alegarán ante los tribunales que la asignatura vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Según explica Enrique Domingo, abogado de CONCAPA-Rioja, los objetores consideran que EpC ataca tres artículos de la Carta Magna: el 10, que establece que «la libertad de la persona [y] el libre desarrollo de la personalidad [...] son fundamentos del orden político y de la paz social»; el 16, del que, según afirman, se infiere la objeción de conciencia; y el 27.3, que reza: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Una vez cerrada la puerta de la Consejería de Educación, los padres contrarios a la asignatura deben acudir a la justicia ordinaria para defender que sus hijos no cursen EpC. Aunque tendrían la opción de acudir a la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, CONCAPA, asociación encargada de gestionar los trámites judiciales, recomendará a las familias que presenten un recurso en defensa de sus Derechos Fundamentales. A esta vía urgente (la respuesta de los jueces llegará antes que la de la sala contencioso-administrativo) han acudido con anterioridad los padres objetores de Andalucía, Cataluña y Asturias.
Los abogados de CONCAPA pedirán también la suspensión cautelar del decreto que obliga a cursar la asignatura mientras el proceso judicial permanezca abierto para que los alumnos demandantes no cursen temporalmente la materia. «Asturias y Andalucía han concedido la suspensión cautelar», afirma Enrique Domingo.
Por ahora, ninguna demanda en favor de la objeción ha llegado a los tribunales. La Consejería, que no gestionará estos escritos, recibió 14 hasta la semana pasada, mientras CONCAPA asegura que se presentaron unos 200.
Una vez cerrada la puerta de la Consejería de Educación, los padres contrarios a la asignatura deben acudir a la justicia ordinaria para defender que sus hijos no cursen EpC. Aunque tendrían la opción de acudir a la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, CONCAPA, asociación encargada de gestionar los trámites judiciales, recomendará a las familias que presenten un recurso en defensa de sus Derechos Fundamentales. A esta vía urgente (la respuesta de los jueces llegará antes que la de la sala contencioso-administrativo) han acudido con anterioridad los padres objetores de Andalucía, Cataluña y Asturias.
Los abogados de CONCAPA pedirán también la suspensión cautelar del decreto que obliga a cursar la asignatura mientras el proceso judicial permanezca abierto para que los alumnos demandantes no cursen temporalmente la materia. «Asturias y Andalucía han concedido la suspensión cautelar», afirma Enrique Domingo.
Por ahora, ninguna demanda en favor de la objeción ha llegado a los tribunales. La Consejería, que no gestionará estos escritos, recibió 14 hasta la semana pasada, mientras CONCAPA asegura que se presentaron unos 200.
