
Lagarde, inventora del término feminicidio, ha abierto en la Casa de América el ciclo
Problemas enraizados
Dos lastres que han sido parcialmente contrarrestados en Ciudad Juárez con la «reacción civil formidable» en defensa de las mujeres y de apoyo a las familias de las víctimas, y con la «enorme solidaridad nacional e internacional», que ha llegado a la Corte Interamericana al aceptar 4 casos de feminicidio. Pero que siguen enraizados en ámbitos informativos.
En el caso mexicano, los problemas de fondo son muchos. Empezando por una cultura de siglos que sitúa la violencia de género como «parte de la condición masculina». Y acabando por su origen «estructural, demostrable en cifras femeninas de pobreza y analfabetismo, falta de acceso a la salud, segregación...».
La violencia machista, añade Lagarde, no hace sino reforzar ese papel «secundario y subordinado» de las mujeres y asegurar su férreo control a través del daño y el miedo. Y el Estado no será democrático si permite la 'impunidad de género' y no garantiza su vida, seguridad y libertades.
Pero quedan, sin embargo, motivos para la esperanza. Como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las paralelas leyes aprobadas en 20 de los 32 Estados mexicanos, sólo necesitadas, según Marcela Lagarde, de una «fuerza civil ciudadana para exigir su cumplimiento». Como la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres en Costa Rica. O como, desde la semana pasada, la Ley contra el Feminicidio en Guatemala.





