
Sin embargo, desde entonces, y pese a que existen seis sentencias del TSJR y otra más del Tribunal Supremo, Educación no ha accedido. Según una carta que el centro va a enviar a los padres, la dirección se ha encontrado con «posturas poco razonables» y «obstinación» del Gobierno regional para no concertar estas aulas.
«El Gobierno regional nos asegura que está a la espera de lo que dictaminen sus Servicios Jurídicos, pero parece que estén buscando dilatar el proceso. Nosotros pedimos que se haga de forma inmediata, para el próximo curso, porque si no va a haber muchos chicos que no van a poder seguir sus estudios en el centro», explica José Ángel Apellániz, director del colegio. «Los que sigan, recibirán la devolución del dinero, aunque no sepamos cuándo, pero el problema son esos chavales que el próximo curso no puedan estudiar porque no disponen de ese dinero», añade.
Desde que se iniciaron las reclamaciones jurídicas, unas 700 familias se han visto afectadas y el adeudo del Ejecutivo regional supera los dos millones de euros. «Si no cambian su postura, desgraciadamente, el que quiera continuar en el centro tendrá que pagar. Aunque los tribunales, empezando por el Supremo, reconozcan el derecho al concierto», indica el director del centro, que reunirá mañana a los padres para explicarles la situación.











