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Todos debiéramos saber que la principal característica sociopolítica de la modernidad fue el paso de la condición de súbdito a la de ciudadano. De ser sujetos pasivos, sometidos al despotismo a convertirnos en sujetos activos, capaces de elegir a nuestros gobernantes y de exigirles satisfacción a nuestras necesidades colectivas. Los súbditos estaban discriminados por su nacimiento, a los ciudadanos se les reconoce una igualdad básica, plasmada en unos derechos fundamentales para todos.

Pero la ciudadanía nació ya renqueante. La revolución americana, nacida del pragmatismo anglosajón, brotó de la rebeldía de unos colonos a pagar unos impuestos, votados sin que ellos hubieran podido elegir a unos representantes con capacidad para votarlos. Su independencia se consagró en unos derechos fundamentales para sus ciudadanos, que hasta la guerra de secesión convivieron con la esclavitud de los negros arrebatados a su África nativa y sus descendientes. Su expansión se logró a costa del genocidio y expolio de sus americanos nativos, los pieles rojas. Hay una fuerte raíz de violencia en su base, reflejada en su derecho a poseer y portar armas del mismo rango constitucional que la libertad de expresión. La lógica imperialista del domino se expresa en ese muro para cortar la emigración mexicana junto a la exigencia de tratados de libre comercio que permita el tránsito sin trabas para sus mercancías. No reconoce el Tribunal Internacional de Justicia Penal y viola todas las garantías básicas con esos infiernos para la tortura que son Guantánamo y otras cárceles secretas. Y al tiempo que destruye la naturaleza con su primer puesto en el ranking de contaminación se niega a firmar tratados para no comprometerse a reducir sus emisiones nocivas a la atmósfera.

La Revolución Francesa tiene, en cambio, una fuerte raíz filosófica. De la rebelión del tercer estado contra los privilegios feudales de la monarquía, la nobleza y la iglesia, se pasó a la proclama de unos derechos universales para el hombre y el ciudadano. Ya esta distinción encierra el germen de la insuficiencia de la ciudadanía. Arranca de la oposición entre el ciudadano y el extranjero. Y la merma se notó incluso dentro de casa. La mitad de la población, las mujeres, quedaron privadas de los derechos políticos y sometidas de por vida a la tutela del padre o del marido. Los no propietarios no eran sujetos políticos. Los derechos proclamados eran sólo individuales, los colectivos no podían tener más trascendencia que en la nación, elevada junto a la razón a la categoría de ídolos en la nueva religión laicista. Las asociaciones sindicales o políticas fueron prohibidas. La luchas para ampliar la angostura de esa democracia formal fueron constantes. El sufragio universal es un hito en esa historia reivindicativa.

Pero esa lucha de expansión de derechos, de planificación de la ciudadanía, tiene hoy dos amenazas formidables, nacidas ambas del miedo. Las fuertes emigraciones de gentes hambrientas o perseguidas del sur que están llegando a los estados desarrollados reviven sentimientos racistas o xenófobos, alimentados por políticos sin escrúpulos, con lo que la oposición ciudadano-extranjero vuelve al panorama político. La superación de los ghetos, la integración de esas poblaciones recién llegadas, sólo puede darse avanzando en el reconocimiento de derecho básicos, incluidos políticos, a quienes por residencia y trabajo se han incorporado a nuestra sociedad. La segunda amenaza brota de la búsqueda a ultranza de seguridad de quienes ante el temor de terrorismos bárbaros, exigen tratar a cualquier sospechoso como culpable, saltándose a la torera todas las garantías procesales que intentan evitar que el sistema penal-punitivo sea un ciego ejercicio de venganza, ejercido sobre grupos, sin indagación de responsabilidades personales.