
Sin embargo, de las consecuencias de esta iniciativa, aprobada por un decreto ley durante la reunión del Consejo de Ministros del viernes, los representantes del Gobierno y del principal partido de la oposición obtuvieron conclusiones contradictorias, cuando no opuestas.
Así, Espinosa afirmó rotunda que esta conducción no cambia la política del Gobierno en materia de agua y dijo «alto y claro» que en ningún momento se va a reabrir el debate sobre el trasvase del Ebro, «cuya derogación se mantiene», zanjó.
Los consejeros del PP interpretaron que el Gobierno ha optado ahora por cambiar su política hídrica, se felicitaron por ello y le conminaron, en consecuencia, a «revisar» la situación general.
Política sin cambios
Espinosa se esforzó en dejar meridianamente claro que el 'minitrasvase' a Barcelona no supone cambio sustancial alguno respecto a la anterior legislatura, cuando se adoptaron medidas similares para Valencia, Alicante y Murcia. Se remontó a la década de los 90 para recordar que también se llevaron a cabo iniciativas parecidas para Bilbao y a Benidorm.
Reiteró que la conducción de agua a Barcelona está motivada por una «situación excepcional, de emergencia», «será posible por las aportaciones de los regantes y no supondrá impacto ambiental para el Ebro». La ministra señaló que en ningún momento de la reunión los consejeros del PP de Valencia y Aragón hablaron de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, una iniciativa anunciada por los presidentes de sendos Ejecutivos autonómicos, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.





