La postura de la Confederación Católica de Padres (CONCAPA), que ha tildado la decisión tomada por la Consejería como una «traición», no ha sorprendido a Luis Alegre, que quiso contextualizar la polémica. «En estos momentos [ayer por la mañana], nuestro departamento ha recibido 14 objeciones correspondientes a ocho familias. Éste es el problema», argumentó, haciendo frente así a CONCAPA, que afirma que existen unas 200 objeciones. «Montar tormentas en un vaso de agua no suele dar buenos resultados y a esta polémica no conviene darle más pábulo, aunque sea un buen argumento para rellenar ratos de conversación», zanjó Alegre.
En su comparecencia, el consejero asumió el derecho de los padres a objetar contra la asignatura, pero recordó que los escritos deben presentarse ante los tribunales, no ante el Gobierno de La Rioja. «Aplaudimos que los padres puedan objetar porque se trata de un derecho constitucional, pero el derecho a objetar es personal e intransferible», aseveró.
Desde el punto de vista político, el informe de los Servicios Jurídicos que niega la posibilidad de presentar objeciones a través de la Consejería no significa un cambio en la opinión del PP sobre EpC. «La asignatura no nos gusta y en campaña electoral dijimos que si ganábamos las elecciones, la suprimiríamos. Si no fuera una asignatura básica, yo la quitaría mañana mismo, pero forma parte del currículo básico y yo no quiero hacer experimentos que entrañan riesgos para el futuro de los alumnos», culminó Alegre.












