REGIÓN
Cuando la Justicia da marcha atrás
Casos tan célebres como el 'crimen de Mijas', la muerte de Ramón Sampedro o el 'Yak-42' han sido revisados tras la aparición de nuevas pruebas
18.04.08 -
Decenas de periodistas rodean a los padres de Enaitz el día en el que se celebró el juicio en Haro, el pasado 30 de enero. /JUSTO RODRÍGUEZ
La pesada maquinaria de la Justicia a veces es capaz de dar marcha atrás y reabrir asuntos juzgados a la luz de la aparición de nuevas pruebas. No es lo habitual, pero durante los últimos tiempos ha sucedido en casos tan célebres como el 'crimen de Mijas', la muerte de Ramón Sampedro o el 'Yak-42'.
El 'crimen de Mijas' acabó dando un vuelco tan espectacular que Dolores Vázquez, que había sido condenada por la muerte de la joven Rocío Wanninkhof, fue excarcelada y hoy se encuentra en libertad. La revisión de este caso vino motivada principalmente por el hallazgo de restos de ADN del británico Tony Alexander King junto al cadáver de la víctima, cuatro años después del crimen. La titular del Juzgado número 6 de Fuengirola, que reabrió el caso en el 2003, terminó por reconocer que ningún indicio conectaba directamente a Dolores Vázquez con el supuesto delito por el que pasó 17 meses en prisión.
También llegó a reabrirse el caso de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que se suicidó en 1998 bebiendo un vaso de cianuro. El asunto, que había sido archivado poco después del suceso, fue reabierto a petición de la Fiscalía de Galicia, que remitió en el año 2005 un escrito al Juzgado número 2 de Ribeira pronunciándose en este sentido. La petición fiscal se produjo después de que Ramona Maneiro, amiga del tetrapléjico, confesara públicamente en un programa de televisión que había ayudado a morir a Sampedro. No obstante, la causa judicial quedó sobreseída dos meses después de su reapertura dado que el juez estimó que el procedimiento había prescrito.
Más recientemente, en concreto este mismo mes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la sección tercera de la Sala de lo Penal la reapertura de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de identificación de los fallecidos en el accidente del Yak-42. El fiscal del caso, Fernando Burgos, considera que hay «suficientes indicios de criminalidad» y acusa al general Vicente Navarro y al ex ministro Federico Trillo, entre otros, de falsear a sabiendas la identidad de 30 cadáveres que luego fueron entregados a familias erróneas.
El 'crimen de Mijas' acabó dando un vuelco tan espectacular que Dolores Vázquez, que había sido condenada por la muerte de la joven Rocío Wanninkhof, fue excarcelada y hoy se encuentra en libertad. La revisión de este caso vino motivada principalmente por el hallazgo de restos de ADN del británico Tony Alexander King junto al cadáver de la víctima, cuatro años después del crimen. La titular del Juzgado número 6 de Fuengirola, que reabrió el caso en el 2003, terminó por reconocer que ningún indicio conectaba directamente a Dolores Vázquez con el supuesto delito por el que pasó 17 meses en prisión.
También llegó a reabrirse el caso de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que se suicidó en 1998 bebiendo un vaso de cianuro. El asunto, que había sido archivado poco después del suceso, fue reabierto a petición de la Fiscalía de Galicia, que remitió en el año 2005 un escrito al Juzgado número 2 de Ribeira pronunciándose en este sentido. La petición fiscal se produjo después de que Ramona Maneiro, amiga del tetrapléjico, confesara públicamente en un programa de televisión que había ayudado a morir a Sampedro. No obstante, la causa judicial quedó sobreseída dos meses después de su reapertura dado que el juez estimó que el procedimiento había prescrito.
Más recientemente, en concreto este mismo mes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la sección tercera de la Sala de lo Penal la reapertura de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de identificación de los fallecidos en el accidente del Yak-42. El fiscal del caso, Fernando Burgos, considera que hay «suficientes indicios de criminalidad» y acusa al general Vicente Navarro y al ex ministro Federico Trillo, entre otros, de falsear a sabiendas la identidad de 30 cadáveres que luego fueron entregados a familias erróneas.
