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RSS | ed. impresa | Regístrate | 12 octubre 2008

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EDITORIALES
Rechazo al chantaje
18.04.08 -

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La bomba que ETA hizo explotar ayer contra la sede socialista del barrio bilbaíno de La Peña, hiriendo a siete ertzainas que trataban de socorrer a los vecinos, confirmó que la banda está decidida a emplear buena parte de las exiguas fuerzas de que dispone para acosar violentamente a los integrantes de dicha formación. Es lo que ha venido indicando en textos internos y en comunicados públicos, especialmente a raíz de que rompiera su propio "alto el fuego permanente". Los terroristas acarician la idea de que arremetiendo contra la formación que ostenta el Gobierno pueden obligar a éste a ceder ante sus pretensiones. Se trata de la lógica propia del matonismo, que envalentona a los etarras con sólo pensar en la eventualidad de que los socialistas pudieran sentirse conminados a comprar su propia seguridad a cambio de concesiones políticas. No quieren percatarse de que se trata de una estrategia abocada al fracaso, no ya porque los militantes del PSOE se resistan con todas sus fuerzas a verse arrastrados por tan macabro chantaje, sino porque es la propia sociedad la que se opone a toda pretensión de trueque entre la paz y una drástica modificación de los fundamentos del Estado constitucional.

Como reflejo de esto último, ayer fue unánime la condena de ETA expresada por los distintos partidos políticos, rechazando todos ellos el sometimiento al dictado terrorista y comprometiéndose socialistas y populares con la unidad. No obstante, esta disposición a desterrar las pretensiones etarras lejos de todo cuanto resulta legítimo en democracia acaba siendo cuestionada a menudo por las formaciones nacionalistas, cuya paciente espera a que la izquierda abertzale recapacite y se distancie de ETA resulta tan vana como interesada. Ayer mismo, a las pocas horas del atentado contra la casa del pueblo socialista, representantes de ANV se concentraron frente a las sedes del PNV en Bilbao y en Vitoria advirtiendo de que sólo «el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir sobre su futuro político» permitirían poner fin a la violencia etarra. Su mensaje resulta tan diáfano que, en el fondo, constituye toda una invitación para que la sociedad secunde cuantas iniciativas políticas y procedimientos judiciales tratan de acabar con la impunidad de que han venido gozando quienes prestan su cobertura política o ejercen directamente de cómplices de la barbarie terrorista.
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