Como reflejo de esto último, ayer fue unánime la condena de ETA expresada por los distintos partidos políticos, rechazando todos ellos el sometimiento al dictado terrorista y comprometiéndose socialistas y populares con la unidad. No obstante, esta disposición a desterrar las pretensiones etarras lejos de todo cuanto resulta legítimo en democracia acaba siendo cuestionada a menudo por las formaciones nacionalistas, cuya paciente espera a que la izquierda abertzale recapacite y se distancie de ETA resulta tan vana como interesada. Ayer mismo, a las pocas horas del atentado contra la casa del pueblo socialista, representantes de ANV se concentraron frente a las sedes del PNV en Bilbao y en Vitoria advirtiendo de que sólo «el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir sobre su futuro político» permitirían poner fin a la violencia etarra. Su mensaje resulta tan diáfano que, en el fondo, constituye toda una invitación para que la sociedad secunde cuantas iniciativas políticas y procedimientos judiciales tratan de acabar con la impunidad de que han venido gozando quienes prestan su cobertura política o ejercen directamente de cómplices de la barbarie terrorista.





