Este acuerdo de venta, aceptado por la constructora gala, lleva consigo los desestimientos de las acciones judiciales ejercitadas entre las partes, incluida la denuncia interpuesta por Eiffage y Eiffame que dio lugar a la imputación de Sacyr y de su presidente, Luis del Rivero, por «difundir informaciones falsas y engañosas».
El grupo constructor español asegura que con esta venta «pone fin a una situación de conflicto que se estaba prolongando en el tiempo y permitirá a Sacyr dedicarse a otras iniciativas».
A pesar de que Sacyr no especifica quienes son los compradores, el pasado 9 de abril informó de que había alcanzado un acuerdo con un grupo de inversores franceses.





