REGIÓN
Siete familias han presentado escritos contra la asignatura
16.04.08 -
Siete familias riojanas han remitido al Gobierno de La Rioja escritos en los que solicitan la objeción de conciencia contra Educación para la Ciudadanía. Los padres argumentan «razones de conciencia» para evitar que sus hijos cursen las materias que se engloban dentro de esta definición, entre las que se encuentran Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (2º de la ESO y 5º de Primaria), Educación Ético-Cívica (4º de la ESO) y Filosofía y Ciudadanía (1º de Bachillerato).
Tras el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Gobierno riojano, los padres contrarios a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía ya sólo tienen la posibilidad de acudir directamente a los tribunales de justicia, algo que aprueba el informe riojano. Amparándose en la sentencia («no firme», aclaran) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la única que hasta el momento reconoce el derecho de los padres a objetar contra la asignatura, el mismo escrito del Ejecutivo regional reconoce que «el eventual reconocimiento del derecho a objetar, en ausencia de regulación legal, compete hacerlo, si procede, a los Tribunales de Justicia [..] pero no a la Administración educativa, que lo único que puede y debe hacer es aplicar la normativa básica del Estado».
Tras el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Gobierno riojano, los padres contrarios a que sus hijos cursen Educación para la Ciudadanía ya sólo tienen la posibilidad de acudir directamente a los tribunales de justicia, algo que aprueba el informe riojano. Amparándose en la sentencia («no firme», aclaran) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la única que hasta el momento reconoce el derecho de los padres a objetar contra la asignatura, el mismo escrito del Ejecutivo regional reconoce que «el eventual reconocimiento del derecho a objetar, en ausencia de regulación legal, compete hacerlo, si procede, a los Tribunales de Justicia [..] pero no a la Administración educativa, que lo único que puede y debe hacer es aplicar la normativa básica del Estado».
