REGIÓN
Del inglés de Camps a las 30.000 objeciones, según una asociación
16.04.08 -
Educación para la Ciudadanía ha abierto un nuevo frente de batalla entre las comunidades gobernadas por el PP y el Ministerio de Educación. Mientras que las regiones socialistas han comenzado a impartir la materia durante el curso 2007/2008, los gobiernos 'populares' han retrasado la entrada en vigor de la materia hasta el 2008/2009, el plazo máximo que permite el Real Decreto.
Pero no se trata del único recoveco legal tomado por las comunidades contrarias a Educación para la Ciudadanía. El Gobierno de la Comunidad Valenciana, uno de los más beligerantes, ha decidido que los profesores den la asignatura en inglés y que los alumnos que no la quieran cursar tengan una materia alternativa. Además, el Gobierno de Francisco Camps, al igual que los Ejecutivos de la Comunidad de Madrid y de Murcia, aceptarán las objeciones de conciencia, un supuesto que, en cambio, rechaza el Gobierno de La Rioja tras conocer el informe elaborado por la Dirección General de Servicios Jurídicos.
El número de objeciones de conciencia presentadas ante las autonomías representa un termómetro importante a la hora de medir el impacto de la protesta contra la asignatura. Según las últimas estimaciones de la asociación Profesionales por la Ética, unas 30.000 familias en el conjunto de España han pedido que sus hijos no cursen esta materia. La mayoría de ellas se han recogido en Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Pese a las discrepancias de algunas regiones y de diversas asociaciones de padres con los contenidos de Educación para la Ciudadanía, la última palabra sobre la asignatura la tendrán los colegios, que deberán decidir el enfoque que dan a la materia dependiendo del manual que elijan. El tratamiento del fenómeno de la homosexualidad, la visión de la familia como núcleo central de la sociedad y las diferentes escalas de valores se han convertido en los asuntos más polémicos, pero cada libro los enfoca de una manera que los puede hacer aceptables para padres de diferentes ideologías.
En el decreto del Ministerio de Educación, el bloque que más polémica ha suscitado se llama 'Relaciones interpersonales y participación' y trata sobre «las relaciones humanas desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de la solidaridad».
Pero no se trata del único recoveco legal tomado por las comunidades contrarias a Educación para la Ciudadanía. El Gobierno de la Comunidad Valenciana, uno de los más beligerantes, ha decidido que los profesores den la asignatura en inglés y que los alumnos que no la quieran cursar tengan una materia alternativa. Además, el Gobierno de Francisco Camps, al igual que los Ejecutivos de la Comunidad de Madrid y de Murcia, aceptarán las objeciones de conciencia, un supuesto que, en cambio, rechaza el Gobierno de La Rioja tras conocer el informe elaborado por la Dirección General de Servicios Jurídicos.
El número de objeciones de conciencia presentadas ante las autonomías representa un termómetro importante a la hora de medir el impacto de la protesta contra la asignatura. Según las últimas estimaciones de la asociación Profesionales por la Ética, unas 30.000 familias en el conjunto de España han pedido que sus hijos no cursen esta materia. La mayoría de ellas se han recogido en Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Pese a las discrepancias de algunas regiones y de diversas asociaciones de padres con los contenidos de Educación para la Ciudadanía, la última palabra sobre la asignatura la tendrán los colegios, que deberán decidir el enfoque que dan a la materia dependiendo del manual que elijan. El tratamiento del fenómeno de la homosexualidad, la visión de la familia como núcleo central de la sociedad y las diferentes escalas de valores se han convertido en los asuntos más polémicos, pero cada libro los enfoca de una manera que los puede hacer aceptables para padres de diferentes ideologías.
En el decreto del Ministerio de Educación, el bloque que más polémica ha suscitado se llama 'Relaciones interpersonales y participación' y trata sobre «las relaciones humanas desde el respeto a la dignidad personal y la igualdad de derechos individuales, el reconocimiento de las diferencias, el rechazo a las discriminaciones y el fomento de la solidaridad».
