
Los vecinos contactaron con la Defensora del Pueblo en mayo del 2007 exponiendo su problema y la titular del departamento, María Bueyo Díez Jalón, emitió una resolución en la que declaraba «la existencia de la lesión de los derechos de las 190 familias afectadas». La Defensora recordó al Ayuntamiento de Villamediana su «obligación de adecuar y restaurar la legalidad urbanística» e instó a la Consejería de Política Territorial a que decretara el levantamiento de la suspensión de la tramitación del expediente, lo que sucedió el pasado 4 de abril en la reunión de la Comisión de Urbanismo.
La Defensora indica que «por fin se ha solucionado el problema y las 190 familias ya pueden solicitar las licencias necesarias para pedir las cédulas de habitabilidad y los suministros básicos».











