MUNDO
La viuda de Perón alega su condición de española para no ser extraditada a Argentina
Está encausada en dos procesos por crímenes de Estado en tribunales del país sudamericano
La ex presidenta argentina María Estela Martínez (en el centro), ayer a la salida de la Audiencia Nacional. / JAVIER LIZÓN-EFE
María Estela Martínez, la viuda del ex presidente argentino Juan Domingo Perón, pidió ayer a la Audiencia Nacional que no conceda su extradición al país sudamericano, donde dos jueces pretenden juzgarla por su posible implicación en crímenes de Estado.
El abogado de Martínez defendió ante la Sala de lo Penal que su patrocinada no puede ser extraditada a Argentina porque adquirió nacionalidad española y los tribunales de ese país no tienen jurisdicción para juzgarla. El letrado recordó también la avanzada edad de María Estela Martínez, de 77 años de edad, y su delicado estado de salud que ha provocado al menos una hospitalización en España en el último año.
Isabelita Perón, el sobrenombre con el que es conocida, fue la presidenta argentina entre 1974 y 1976. Asumió el poder el 29 de junio de 1974, dos días antes de la muerte de su esposo Juan Domingo Perón, que había ganado las elecciones presidenciales de 1973, y fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Vive en Madrid desde 1980, cuatro años después de que se produjese el golpe militar que la apartó del poder. La mandataria, que acudió a la vista en la Audiencia Nacional, está en libertad provisional desde hace algo más de un año en atención a sus problemas de salud, pero debe comparecer cada quince días.
Los tribunales argentinos pretenden juzgar a Martínez en dos procesos diferentes. El primero trata de depurar su responsabilidad en el secuestro, torturas y desaparición de los ciudadanos argentinos Héctor Aldo Fagetti, desaparecido en febrero de 1976, y Jorge Valentín Betón, un menor detenido y torturado en las mismas fechas.
Por estos supuestos delitos la ex presidenta argentina permanece en libertad provisional por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo desde el 12 de enero del año pasado, cuando fue detenida en su domicilio de Villanueva de la Cañada (afueras de Madrid), donde reside desde 1981, en virtud de una orden librada por el juez argentino Raúl Acosta.
«Responsable del país»
Este magistrado la investiga desde el 2006 por firmar los decretos que autorizaban la «aniquilación» de organizaciones guerrilleras que sembraban la violencia en este país durante los años setenta. Aunque se conoce que ella directamente no firmó los documentos, el juez Acosta dejó claro que en este caso «lo que importa es la ejecución de esos decretos». «Ella era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Era la responsable en el país», indicó el magistrado.
La segunda causa persigue la posible responsabilidad de Isabelita Perón en los crímenes y torturas cometidos por la banda parapolicial Triple A (Asociación Anticomunista Argentina). La justicia argentina atribuye a esta organización el asesinato de 1.500 personas en los años previos al golpe militar del 24 de marzo de 1976 encabezado por el general Jorge Videla.
La ex presidenta no quiso hacer declaraciones a los periodistas y abandonó sobre las 12.30 horas la Audiencia Nacional. El juez Fernando García-Nicolás, y se pronunciará sobre la extradición en el plazo de una semana. La Fiscalía apoya la extradición de la antigua mandataria.
El abogado de Martínez defendió ante la Sala de lo Penal que su patrocinada no puede ser extraditada a Argentina porque adquirió nacionalidad española y los tribunales de ese país no tienen jurisdicción para juzgarla. El letrado recordó también la avanzada edad de María Estela Martínez, de 77 años de edad, y su delicado estado de salud que ha provocado al menos una hospitalización en España en el último año.
Isabelita Perón, el sobrenombre con el que es conocida, fue la presidenta argentina entre 1974 y 1976. Asumió el poder el 29 de junio de 1974, dos días antes de la muerte de su esposo Juan Domingo Perón, que había ganado las elecciones presidenciales de 1973, y fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Vive en Madrid desde 1980, cuatro años después de que se produjese el golpe militar que la apartó del poder. La mandataria, que acudió a la vista en la Audiencia Nacional, está en libertad provisional desde hace algo más de un año en atención a sus problemas de salud, pero debe comparecer cada quince días.
Los tribunales argentinos pretenden juzgar a Martínez en dos procesos diferentes. El primero trata de depurar su responsabilidad en el secuestro, torturas y desaparición de los ciudadanos argentinos Héctor Aldo Fagetti, desaparecido en febrero de 1976, y Jorge Valentín Betón, un menor detenido y torturado en las mismas fechas.
Por estos supuestos delitos la ex presidenta argentina permanece en libertad provisional por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo desde el 12 de enero del año pasado, cuando fue detenida en su domicilio de Villanueva de la Cañada (afueras de Madrid), donde reside desde 1981, en virtud de una orden librada por el juez argentino Raúl Acosta.
«Responsable del país»
Este magistrado la investiga desde el 2006 por firmar los decretos que autorizaban la «aniquilación» de organizaciones guerrilleras que sembraban la violencia en este país durante los años setenta. Aunque se conoce que ella directamente no firmó los documentos, el juez Acosta dejó claro que en este caso «lo que importa es la ejecución de esos decretos». «Ella era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Era la responsable en el país», indicó el magistrado.
La segunda causa persigue la posible responsabilidad de Isabelita Perón en los crímenes y torturas cometidos por la banda parapolicial Triple A (Asociación Anticomunista Argentina). La justicia argentina atribuye a esta organización el asesinato de 1.500 personas en los años previos al golpe militar del 24 de marzo de 1976 encabezado por el general Jorge Videla.
La ex presidenta no quiso hacer declaraciones a los periodistas y abandonó sobre las 12.30 horas la Audiencia Nacional. El juez Fernando García-Nicolás, y se pronunciará sobre la extradición en el plazo de una semana. La Fiscalía apoya la extradición de la antigua mandataria.
