
Los tres grapos amenazaron «con armas cortas de fuego» a tres empleados y dos clientes y se apoderaron de 66.036 euros (en la época, 10.987.500 pesetas), que no han sido recuperados. Martín Ponce, entregado por las autoridades francesas el 22 de diciembre del 2006 y que en la actualidad cumple una condena de once años de cárcel por un atraco en Barcelona en mayo del 2001, también había sido condenado por la Audiencia Nacional a 30 años de cárcel por el asesinato del policía Francisco Javier Sanz, sentencia que ha sido anulada recientemente por el Supremo. El alto tribunal ha adoptado esta decisión porque la testigo que identificó a Martín Ponce no compareció en el juicio que se celebró el 25 de julio del 2007 al no haber sido localizada y considera que sin su declaración no queda acreditado que el grapo fuera autor del asesinato.
Para el Supremo, «lo más grave» es que «la ausencia de esa testigo no era, ni mucho menos, inevitable», ya que la Policía no logró localizar a la testigo porque la buscó en el colegio donde trabaja durante el mes de julio -cuando no había actividad-, sin al parecer acudir a su domicilio.
En cuatro ocasiones
Por su parte, la Audiencia Nacional ha justificado su decisión de celebrar el juicio a pesar de la incomparecencia de la testigo recordando que la ley no permite suspender la vista por este motivo si no lo piden el fiscal o la defensa, y ha informado de que la Policía intentó hasta en cuatro ocasiones localizar a la testigo sin éxito, lo que se notificó a la sala un día antes de la vista.
Martín Ponce, de 36 años, estaba considerado hasta su detención en Francia el 18 de julio del 2002 como uno de los máximos responsables de los Grapo, puesto en el que habría sustituido a Fernando Silva Sande.





