EDITORIAL
Gobierno Zapatero
13.04.08 -
La composición ministerial del Gobierno y el nombramiento de sus titulares constituye el dato último que define las intenciones de cualquier presidente una vez investido. A la espera de la designación de los responsables del segundo nivel, parece evidente que pocas veces a lo largo de los 30 años de democracia los integrantes del Ejecutivo han respondido tanto a los designios personales del jefe de Gobierno. En el caso del equipo de José Luís Rodríguez Zapatero esta característica adquiere una doble significación. En primer lugar, porque el Consejo de Ministros está en condiciones de dotarse de una más que apreciable autonomía respecto a los órganos de dirección del PSOE; en segundo lugar, porque debido a la presencia de personas de su entera confianza y a la de carteras y titulares que requerirán su respaldo directo para operar, el presidente está en disposición de controlar incluso la letra pequeña del quehacer de muchos ministerios.
La coherencia entre la formación de un gobierno y el programa que pretende llevar adelante constituye un tema opinable, pero ante el que el presidente cuenta siempre con la última palabra. Sencillamente porque resulta imposible desentrañar las razones que, en este caso, han llevado a Zapatero a nombrar estos y no otros ministros, y a distribuir sus tareas así y no de otra forma. Sin embargo, la composición del nuevo gobierno invita a alguna reflexión crítica y suscita también sus dudas. La apertura mostrada por el presidente ante la España autonómica continúa sin corresponderse con su inclinación a hacer abstracción del reparto competencial que la caracteriza. Este hecho se hizo notar en su primera intervención en la sesión de investidura. Algo semejante parece desprenderse del organigrama gubernamental, cuyo diseño responde en buena medida más al de un Estado centralizado que al de uno compuesto y fuertemente descentralizado como el español.
Por coherente que resulte el gobierno a los ojos de quien lo ha ideado, hay aspectos de su composición que invitan a cuestionarlo. Es el caso de la incorporación de personas cuya trayectoria no parece haber alcanzado la cota precisa para tan alta responsabilidad; o la continuidad de la titular de Fomento cuya eficacia gestora puede ser tan indiscutible como su incapacidad para asumir la contrapartida que acarrea su cargo en cuanto al escrutinio público al que está sujeto; o la presencia como ministro de Miguel Sebastián cuyos criterios podrían estar de antemano enfrentados a los del vicepresidente Solbes; o el añadido de la política social a la cartera de educación cuando hubiese sido más lógico su vinculación a Trabajo o a Igualdad. Pero será la ejecutoria de los distintos ministerios y del Gobierno en su conjunto la que, a lo largo de los próximos meses, permita enjuiciar la idoneidad de los nombramientos de ayer.
En cuanto a La Rioja, Zapatero debería fijar sus esfuerzos en las infraestructuras, dado el retraso y el agravio comparativo que nuestra región padece respecto a otras zonas del país tanto en carreteras como en ferrocarril.
La coherencia entre la formación de un gobierno y el programa que pretende llevar adelante constituye un tema opinable, pero ante el que el presidente cuenta siempre con la última palabra. Sencillamente porque resulta imposible desentrañar las razones que, en este caso, han llevado a Zapatero a nombrar estos y no otros ministros, y a distribuir sus tareas así y no de otra forma. Sin embargo, la composición del nuevo gobierno invita a alguna reflexión crítica y suscita también sus dudas. La apertura mostrada por el presidente ante la España autonómica continúa sin corresponderse con su inclinación a hacer abstracción del reparto competencial que la caracteriza. Este hecho se hizo notar en su primera intervención en la sesión de investidura. Algo semejante parece desprenderse del organigrama gubernamental, cuyo diseño responde en buena medida más al de un Estado centralizado que al de uno compuesto y fuertemente descentralizado como el español.
Por coherente que resulte el gobierno a los ojos de quien lo ha ideado, hay aspectos de su composición que invitan a cuestionarlo. Es el caso de la incorporación de personas cuya trayectoria no parece haber alcanzado la cota precisa para tan alta responsabilidad; o la continuidad de la titular de Fomento cuya eficacia gestora puede ser tan indiscutible como su incapacidad para asumir la contrapartida que acarrea su cargo en cuanto al escrutinio público al que está sujeto; o la presencia como ministro de Miguel Sebastián cuyos criterios podrían estar de antemano enfrentados a los del vicepresidente Solbes; o el añadido de la política social a la cartera de educación cuando hubiese sido más lógico su vinculación a Trabajo o a Igualdad. Pero será la ejecutoria de los distintos ministerios y del Gobierno en su conjunto la que, a lo largo de los próximos meses, permita enjuiciar la idoneidad de los nombramientos de ayer.
En cuanto a La Rioja, Zapatero debería fijar sus esfuerzos en las infraestructuras, dado el retraso y el agravio comparativo que nuestra región padece respecto a otras zonas del país tanto en carreteras como en ferrocarril.
