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RSS | ed. impresa | Regístrate | 12 octubre 2008

España

ESPAÑA
El SUP pide revisar la absolución del grapo que mató a un policía en el 2000
Pedirá un recurso extraordinario para evitar la «injusticia cometida» por el Tribunal Supremo

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El SUP pide revisar la absolución del grapo que mató a un policía en el 2000
Marcos Martín Ponce. / EFE
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió ayer al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que solicite la revisión de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la condena de 30 años de prisión contra el miembro de los GRAPO Marcos Martín Ponce por el asesinato de un policía en el 2000. En una carta que será entregada el próximo lunes en la sede de la Fiscalía, el SUP considera que Conde-Pumpido puede acogerse al recurso extraordinario de revisión para evitar la «injusticia cometida» y para «sanear el error» del Tribunal Supremo.

Para el sindicato policial, existen indicios y fundamentos jurídicos suficientes para revocar la sentencia del Supremo y poner fin a la «putrefacción que supondría mantener como inocente al que, previamente, había sido considerado culpable de un asesinato con pruebas suficientes para ello».

El sindicato liderado por José Manuel Sánchez Fornet cree además que el Supremo debe dar la misma posibilidad de defensa legal a la víctima asesinada que a su presunto asesino, y por ello pide la repetición del juicio «pues existen pruebas muy sólidas» contra el miembro de los GRAPO.

Para el SUP, decisiones como la adoptada por el Tribunal Supremo desprecian a la víctima y a su familia y contribuyen a minar la confianza de los ciudadanos.

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se plantea por el momento abrir una investigación de carácter disciplinario por la absolución por parte del Tribunal Supremo del miembro de los GRAPO.

Como ya lo aseguró el pasado lunes el portavoz del CGPJ, Enrique López, que señaló que a priori no puede hablarse de funcionamiento anormal de la justicia en este caso, porque de lo que se trata es de una cuestión jurisdiccional, al valorar de forma diferente la Audiencia y el Supremo el testimonio de una testigo presencial del atentado.
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